La solución del doping: legalizarlo

La final de los 200 metros en Sidney 2000
• Agosto 15, 2016 •

La guerra contra el dopaje necesita un cambio de enfoque radical

Fotografía de Ian @ The Paperboy bajo licencia CC-BY 2.0. Sin cambios

Desde inicios del siglo veinte, el dopaje ha sido un problema consustancial al deporte. La primera referencia a un caso de doping data de la maratón olímpica de 1904. El norteamericano Thomas Hicks habría ganado la prueba gracias a la estricnina, un veneno para ratas que en pequeñas dosis funciona como estimulante. Desde entonces, la búsqueda de ventajas químicas para ganar medallas y torneos ha sido una constante que solo se ha agrandado al punto de que en 2015 se descubrió una red de alteración de los resultados de las pruebas de muchos atletas de élite que la agencia mundial antidopaje (WADA en sus siglas en inglés) no logró identificar por varios años. Como ocurre con la droga, el cáncer del dopaje lo ha corrompido todo. Por eso, como con su gemelo, es hora de buscar una nueva aproximación: proponer seriamente su legalización.

La legalización del dopaje parece una contradicción vital. Porque el deporte y los valores que representa para quienes lo practicamos, ya sea de forma recreativa o profesional, son un manual humanista: un llamado a dar lo mejor de sí, a la disciplina para superar obstáculos, a la valoración de los otros que también sacrifican tiempo, recursos y una parte de sus vidas para alcanzar sus objetivos. Como dije en un libro dedicado a los deportes que publiqué durante las Olimpiadas de Londres, el deporte es un espejo que refleja la belleza e imperfecciones que tenemos como sociedades. Al lado luminoso de los valores que representa, se contraponen las sombras de lo que somos capaces de hacer para ganar: hacer trampa y sacar ventajas como sea.

Hasta las pasadas olimpiadas prevaleció en mí la fuerza de los valores deportivos por sobre la real politik. Es decir, como si las imperfecciones fueran excepciones en lugar de la norma. Sí, es cierto que a lo largo del siglo veinte y veintiuno se han buscado alternativas tramposas. Los esteroides fueron la norma de la haterofilia desde los cincuentas. Los países —con el caso más conspicuo de la Alemania Democrática— del bloque socialista luchaban por demostrar en medallas su valor ideológico contando con ventaja química. Grandes escándalos de campeones como Ben Johnson o Marion Jones pusieron en evidencia que los grandes deportistas pueden ser capaces de doparse para ganar. Incluso algunos récords que se mantienen en la actualidad, como el de la bala de la soviética Natalia Litovskaya (1987), o el de los 100 y 200 metros planos de la norteamericana de Florence Griffith Joyner (1988), nos recuerdan que los efectos del dopaje permanecen en el tiempo en forma de marcas aparentemente imposibles de batir. Pero pensando en el número de deportes y deportistas, y siempre desde el espíritu deportivo, dudaba que el dopaje fuera una norma tan extendida como irremediable. Hasta ahora.

Dos eventos cambiaron radicalmente mi postura. El primero fue el caso de Lance Armstrong. La suya era una historia demasiado perfecta: víctima de cáncer testicular en 1996, sobrevivió y fue capaz de volver a competir y ganar siete veces seguidas una de las pruebas deportivas más difíciles, el Tour de France. También organizó lifestrong, una cruzada de apoyo a las víctimas y a la investigación contra el cáncer. Estos hechos convirtieron al norteamericano en una especie de superhéroe y referente mundial. Las críticas y reportes periodísticos que denunciaban que Armstrong usó dopaje de última generación para sus victorias, eran aplacadas por una opinión pública que le dio una línea de crédito enorme al ciclista, quien ejerció un bullying permanente contra sus críticos.

El problema fue que los denunciantes tuvieron razón: Armstrong construyó un mecanismo institucionalizado de dopaje en todos los equipos con los que compitió en la Grande Boucle, lo que incluía a cuerpo técnico y compañeros de equipo. Todos fueron acallados por un sistema de amenazas o compras en el ciclismo, entre los auspiciantes y dentro del mismo gobierno norteamericano. La suya fue una farsa gigantesca que se resquebrajó cuando el manto de silencio empezó a romperse. Tras más de una década de investigaciones, en agosto de 2012 la agencia norteamericana antidopaje lo suspendió de por vida. Para muchos, el caso de Armstrong fue una ruptura simbólica y práctica. No solo que los héroes deportivos con la historia del norteamericano no pueden existir sin dopaje. También dejó claro que el doping puede darle un poder enorme a individuos como Armstrong, para construir fraudes de proporciones increíbles.

El segundo caso que me ratificó la imposibilidad de vencer al dopaje fue el escándalo de la WADA. Evidenció que el doping corrompió de manera irreversible a la institucionalidad, tanto a nivel de dirigentes como a las entidades encargadas de fiscalizar. Si bien se situó como un caso orquestado por la federación rusa en contubernio con las autoridades del atletismo y de la propia WADA, implicó muchas cosas más: cómo los propios dirigentes extorsionan a los atletas —cobrándoles comisiones sobre sus premios— para no revelar los dopajes, la protección política al más alto nivel, los grandes montos que las federaciones pagan para comprar la vista gorda de los fiscalizadores y la lógica que predomina en muchas federaciones nacionales, en que el dopaje es más que una norma: es la obligación. Entre 2001 y 2012, un tercio de las medallas olímpicas en atletismo habrían sido positivos en dopaje, cuyos resultados fueron escondidos por la WADA. En julio pasado, el Comité Olímpico Internacional (COI), notificó que 45 deportistas —incluyendo 23 medallistas— también habrían dado positivo en los juegos de Beijing y Londres. La consecuencia es evidente: ahora predomina la duda sobre quién hace trampa y quién no, porque todos intuimos que los datos sobre dopaje son la punta de un iceberg gigantesco. El problema real debiera ser mucho mayor.

La duda es injusta para la mayoría de los deportistas y por eso la opción de legalizar el dopaje cobra más fuerza. No es una postura nueva. Académicos como John Hoberman han estudiado el dopaje a través de la historia y han sido claros en señalar que es un problema estructural vinculado con dos aspectos clave. Por un lado, a las autoridades deportivas no las mueve el compromiso ético sino el poder y los beneficios de sus puestos. Por otra parte, los incentivos para los deportistas (sobre todo económicos) del dopaje, hacen que muchos se aparten de los principios éticos siguiendo una aproximación pragmática: los beneficios superan con creces los costos. El dopaje se convierte en una tentación casi irresistible.

El dopaje es además una enfermedad enquistada gracias a la disparidad de recursos. Mientras que la WADA cuenta con un presupuesto anual de 30 millones de dólares, los deportistas de élite que han dado positivo pueden ganar cifras similares. Algo parecido sucede con las dos industrias involucradas: el presupuesto dedicado a desarrollar doping se calcula supera en más de 200 veces el que se destina a detectarlo. Como plantean expertos en bioética como Norman Frost, Andy Miah y Julian Savulescu, los incentivos económicos —y políticos— para el dopaje se reducirían con la legalización.

A ello se suma la necesidad de cuidar la salud de los deportistas. Como dejó en evidencia el reporte del gobierno australiano sobre uso de dopaje de 2013, el doping es un fenómeno extendido, que ha llevado a la “experimentación”: algunos deportistas incluso probaron sangre de cordero y cerebro de cerdo procurando sacar una ventaja. Si bien el dopaje tiene consecuencias en el tiempo, se pueden reducir si se lleva un registro de qué cosa y por cuánto tiempo consumieron los deportistas. La información podría ayudar —como con los drogadictos que reciben atención de la salud pública— a llevar un registro que permita disminuir el riesgo de abuso. Al legalizar el dopaje, la transparencia reduciría los riesgos médicos de un abuso escondido.

No obstante todos estos puntos, la valoración ética y existencial que le damos al deporte abre una pregunta: ¿debemos premiar a los tramposos? Tengo la impresión de que al rechazo instintivo al hecho de sacar ventaja para ganar, se contrapone otro aspecto: todos hacen algo para sacar diferencias. Como dicen los críticos a la postura anti-legalización del dopaje, existen muchas formas moralmente arbitrarias para sacar ventaja como entrenar en altura, usar ropa ultratecnologizada, dietas especialmente diseñadas o incluso usar antiinflamatorios. Según el experto en bioética de la Universidad de Wisconsin, Norman Frost, hay más de cincuenta métodos no naturales para mejorar los resultados. En ese sentido, la noción de que es inmoral sacar ventajas sería bizarra. La legalización del dopaje transparentaría el área oscura de la búsqueda de diferenciación deportiva.

El dopaje es un problema que parece no tener retorno. De una u otra forma ha permeado en todas las facetas institucionales del deporte. Tras un siglo de convivir con el dopaje, es hora de plantearse seriamente transparentar su uso. Es una opción éticamente difícil pero a la vez necesaria, porque, como la droga, ha corrompido todos los estamentos, provocando un manto de duda en todos los deportes y deportistas. No es justo para nadie. Y es, además, peligroso. Para la salud de los propios deportistas. Y, sobre todo, del deporte.