Luisa padece la indiferencia y precariedad del sistema judicial de Galápagos

• Agosto 22, 2017 •

Una joven quiteña que vive en Galápagos desde hace dos años denunció a un colono por violación sexual. Durante el mes que ha durado la instrucción fiscal, que termina el 23 de agosto, se ha enfrentado a obstáculos que impiden que se reconozcan las evidencias para probar el abuso. Su caso podría revelar las profundas falencias del sistema de Justicia en el Archipiélago y lo vulnerables y desatendidas que están las mujeres en Galápagos.

Ilustración de Paula de la Cruz

La mañana del domingo 24 de julio de 2017 Luisa* despertó con una idea perturbadora: “Ayer me violaron y vomité”. Por un instante dudó si había sido un sueño, pero cuando miró el piso junto a su cama y vio el vómito, supo que era más que una pesadilla. El dolor vaginal que había sentido mientras dormía regresó. Enseguida, se levantó de la cama asustada. Tenía sus leggins puestas pero debajo de ellas su calzón estaba a la mitad de la pelvis, y no tenía sostén. La manga de su blusa estaba debajo de su axila, como a medio sacar.

La resaca no la dejaba pensar con claridad: había tomado demasiado aguardiante la noche anterior en el Bongo, una discoteca en Santa Cruz, una de las islas mayores del archipiélago. Luisa es quiteña,tiene 26 años y hace dos vive en Galápagos, y hasta esa madrugada su vida lejos del continente había sido tranquila. Al pararse de la cama, buscó sus lentes y celular para intentar reconstruir lo que había ocurrido. La botella de tequila en su sala, los restos de limón cortado, las fotos y videos en su celular se lo recordaron: sus amigas Gina y Mary, dos amigos de Mary, el enamorado de una excompañera de trabajo (llamado Pedro), y una amiga de él habían estado en su casa tomando tequila luego de la fiesta en la discoteca. Luisa está segura de que el último, Pedro, había abusado de ella.

Junto a Gina —que se había quedado a dormir— fue a un hospital y se sometió a un examen ginecológico. Enseguida, con la ayuda de un policía llegó hasta la Fiscalía. Ahí denunció el hecho ante el Secretario del despacho porque en ese momento no había Fiscal designado para Galápagos. A Pedro lo detuvieron. El alivio que sintió Luisa al denunciarlo y lograr su detención duró poco: durante las cuatro semanas siguientes ha sido testigo de cómo la instrucción fiscal —en la que, en teoría, la Fiscalía debería recabar la mayor cantidad de pruebas para esclarecer el caso— ha sido obstaculizada.

—No sabía que podía ser tan tortuoso, dice.

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El caso de Luisa no es aislado en las Islas. Según un reportaje de Ecuavisa del 17 de agosto, desde el 2016 hasta la fecha en la Fiscalía de Galápagos se han receptado 218 denuncias de violencia psicológica, 9 de violencia física, 22 de abuso sexual y 1 tentativa de feminicidio. Pocos casos, como el de Luisa, salen a la luz. En el reportaje, una extranjera es entrevistada. Dice que está casada con un ecuatoriano, y que la primera vez que denunció violencia verbal fue en 2014. En los años siguientes denunció violencia psicológica y finalmente física, pero como no encontró protección (en el Archipiélago no hay peritos para una valoración ni física ni psicológica) viajó a Guayaquil con un pasaje que compró con dinero prestado. Ahí le hicieron las pruebas médicas que certificaron golpes en tres costillas y la mano derecha.

Como la entrevistada de ese reportaje, Luisa también tuvo que costear su viaje a Guayaquil para que la Fiscalía le realice las pruebas psicológicas y médicas. Según ella, durante casi cuatro semanas el fiscal le dijo que tenía que esperar a que la llamen desde Guayaquil para que se haga los exámenes, pero el día que se acercó en Santa Cruz a rendir el testimonio anticipado ante el juez —un proceso en el que una víctima de violación puede dar su testimonio antes de la audiencia de juicio para evitar que lo dé frente al acusado—, el fiscal le dijo que tenía que ir a Guayaquil, que no espere a que la llamen. “Se mostró por primera vez muy colaborativo”, recuerda Luisa, que decidió viajar el domingo 20 de agosto porque se le acababa el tiempo. Mientras Luisa volaba sobre el océano Pacífico, recibió una notificación de la Fiscalía de Galápagos que leería al poco tiempo de aterrizar en Guayaquil: debía ir al día siguiente a la Unidad Judicial Multicompetente del Cantón Santa Cruz a las 11 de la mañana para la valoración psicológica. Otro pedido que, para ella, llegó tarde. Otra actuación del sistema que entorpece al proceso. Un sistema que se pone zancadillas a sí mismo.

Denunciar un delito es, también, iniciar el intrincado proceso judicial ecuatoriano. Pedro fue detenido en delito flagrante (es decir durante la comisión del delito, o dentro de las primeras 24 horas), y esto implica que muchas etapas del proceso son más cortas que en un proceso regular: por ley, la instrucción fiscal debe durar 30 días.

En teoría el tiempo debería ser suficiente para reunir la evidencia de un delito cuya comisión reciente deja pruebas frescas. Un proceso penal es un asunto delicado porque es la forma en que el Estado busca las certezas que permitirán romper una condición básica de las personas: la inocencia. Por eso las investigaciones no pueden ser eternas, ni las prisiones preventivas incaducables. Pero en los sistemas fallidos, en los sistemas donde las víctimas tienen que costear los pasajes, pedir que actúen peritos que están a mil kilómetros y cientos de dólares de distancia, esos plazos corren muchas veces contra las víctimas. En la barbarie, la civilización se vuelve una paradoja.

En el caso de Luisa, esos treinta días no han servido sino para profundizar su angustia y evidenciar los problemas de administrar justicia en Galápagos. A un día del fin de la instrucción fiscal, aún no se ha realizado la reconstrucción de los hechos —esa pericia que requiere que se arme la escena del delito lo más parecida a la real. El 7 de agosto, Luisa recibió una boleta de la Fiscalía donde decía que la reconstrucción se haría el sábado 12 de agosto a partir de las 23:00 —el mismo día de la semana y a la misma hora en que empezaron a ocurrir los hechos ese 23 de julio. El dueño de casa había sido alertado, los testigos iban a acudir. Todo estaba listo.

Pero un día antes, la mañana del viernes 11 —que fue feriado nacional— la notificaron que la diligencia se cancelaba: el fiscal fundamentó su decisión diciendo que como era un delito de naturaleza sexual, no se debía revictimizar a la afectada y se debía precautelar su integridad física, psicológica e intelectual. Esto a pesar de que Luisa, en su testimonio del día anterior ante la Fiscalía (y así quedó transcrito), había pedido expresamente la reconstrucción de los hechos, y había dicho que estaba consciente que el proceso podía contemplar una revictimización pero quería que se haga para esclarecer lo ocurrido.

La reconstrucción no se hizo pero los testigos que debieron ir esa noche y explicar lo que pasó sí rindieron su testimonio ante el fiscal.

La versión de dos de ellos coincide con la denuncia de Luisa. Uno resume el sábado en dos partes: la primera cuando estaban en el Bongo, bailando y tomando aguardiente; la segunda, en casa de Luisa bebiendo. El testigo dice que cuando recién llegaron, Luisa estaba tan borracha que enseguida se quedó dormida en el mueble y que Pedro y una amiga la llevaron a su cuarto. Según ese testimonio, cada cierto tiempo Pedro se levantaba de la sala e iba al cuarto donde Luisa dormía. Decía que quería ver cómo estaba. En una ocasión, dice el testimonio, se demoró más de la cuenta en regresar. El testigo pensó que Pedro se había quedado dormido pero cuando salió del cuarto, dijo que se había tardado porque vomitó en el baño que estaba dentro de la habitación de Luisa. Pasaron cerca de diez minutos más y todos, menos Gina, se fueron. El testimonio de otro hombre que estuvo en la reunión es muy parecido y detalla cómo Pedro entró y salió del cuarto varias veces.

Las amigas extranjeras de Luisa, Gina y Mary, tuvieron problemas para testificar. Ha sido la marca del caso: dificultades para practicar pruebas y pericias, en una provincia donde hacer justicia sigue dependiendo demasiado del continente. La primera vez que ambas fueron citadas a la Fiscalía —el 28 de julio— fue el mismo día que Pedro dio su testimonio. Entonces el fiscal no tuvo tiempo para tomar su versión y les pidió que regresen. La segunda vez, las llamaron solo para recordarles que necesitaban un abogado. La tercera, en la que debían rendir sus versiones, no pudieron hacerlo. Según Luisa, el fiscal temporal Luis Machado —que había llegado hacía poco a Galápagos— les pidió que se acerquen con un traductor del sistema público, y las dos mujeres (cuya lengua materna es el inglés) fueron con un profesor de idiomas de una escuela estatal. El fiscal lo rechazó y dijo que la única manera que den su versión iba a ser con un perito avalado por la Fiscalía, y que él pediría a la Fiscalía del Guayas que lo envíen. Cuando Gina entró a la sala del Fiscal y vio que Mary lloraba ofuscada porque le habían negado testificar, intentó calmarla. Gina dice que en ese momento también estaba la abogada del acusado, quien le dijo a ambas que su abogado defensor no era de confianza y deberían contratar uno nuevo. En Galápagos, para esclarecer un delito, hay que llevar gente desde el continente.

A las extranjeras les asignaron una nueva fecha para presentarse: miércoles 16 de agosto. Ese día tampoco hubo perito traductor esperándolas, pero ellas, para evitar otra audiencia fallida, fueron acompañadas por un diplomático de habla inglesa residente en Galápagos. Al final, el fiscal decidió que Gina y Mary dieran sus testimonios en español. Dos abogados que trabajan en Galápagos y prefieren no ser mencionados dicen que con frecuencia se nombran traductores temporales cuando se rinden testimonios en la Fiscalía porque no existe un perito traductor y porque no se le puede negar el derecho humano a un extranjero de dar su testimonio en su lengua madre. Coinciden en que es una práctica común, por eso les resulta raro que la primera vez el fiscal no haya autorizado al profesor de inglés.

Las trabas que ha enfrentado Luisa no solo están en el Archipiélago. Su ropa interior y la sábana de su cama que fueron enviadas a Quito en cadena de custodia como evidencia, tres semanas después no han sido sometidas a la prueba de ADN porque la Fiscalía no tiene reactivos —la sustancia que rompe las membranas de las células y liberan el ADN contenidos en ellas. La abogada defensora de los derechos de las mujeres, Ana Vera, dice que desde mayo de 2017 la Fiscalía —en Quito— no cuenta con reactivos para hacer estas pruebas.

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El trabajo de un fiscal es esclarecer los casos. Eso dice, al menos, la ley. El Código Orgánico Integral Penal detalla las atribuciones del fiscal: 14 puntos a través de los cuáles, se supone, buscan lo que los eruditos legales llaman “la verdad procesal” y que, en resumidas cuentas, son las evidencias que permiten que se haga justicia. Ordenar peritajes, recolectar testimonios, pedir de medidas cautelares son todas atribuciones de la Fiscalía. Pero para Luisa esa búsqueda altruista y elevada no parece haberse cumplido.

A cambio le han dado una realista lección de cómo funcionan en realidad las cosas. Un mes intensivo de la diferencia entre lo que debe ser (escrito en la solemne letra de la ley) y lo que es (el tortuoso camino por conseguir algo tan sencillo como que los testigos de su caso logren declarar en su lengua materna).

Recién el lunes 21 de agosto —dos días antes de que acabe la instrucción fiscal— Luisa se sometió a exámenes con médicos peritos de la Fiscalía. El que se hizo antes, justo después de levantarse asustada ese domingo, fue en un hospital al que acudió por su propia cuenta. Los resultados de estos exámenes ginecológicos demostraron que había semen en su vagina. Luisa dice que de alguna manera el acusado se enteró de esta prueba y por eso en su versión libre y sin juramento ante la Fiscalía, en vez de negar la violación o cualquier contacto sexual, dijo que había sido sexo con consentimiento. Según el testimonio de Pedro, una de las veces que entró al cuarto de Luisa fue para usar el baño y que cuando estaba saliendo, ella lo llamó, empezaron a tocarse los genitales y luego la penetró, a pedido de ella. Luego, dice Pedro, ella se quedó dormida.

En el mismo testimonio, Pedro menciona que en la discoteca, antes de ir a la casa de ella, los dos bailaron, que parecía que Luisa no quería que baile con otra, y que los dos estaban excitados. La versión de otro testigo —una amiga de Pedro— coincide con la de él: que bailaron juntos, que conversaron y coquetearon.

Que la denuncia de Luisa sea falsa es, por supuesto, una posibilidad. Pero una posibilidad muy remota. En el Ecuador no existe una cifra sobre cuántas denuncias de violencia de género son falsas. Pero en España, por ejemplo, apenas el 0,4% lo son. En Estados Unidos, desde que se llevan registros de violaciones (1989) hubo 52 casos de denuncia falsas. En ese mismo período, los casos reales fueron 750.

Mientras tanto, Luisa sigue buscando que se completen las pericias y pruebas.  El fiscal del caso, Luis Alberto Machado dijo vía telefónica que prefería mantener la reserva porque se trata de un delito de violencia sexual. La abogada del acusado también dijo que era un caso reservado y que no estaba autorizada a dar información. Además, vivimos en un país donde la violencia de género no es la excepción, sino la vida de todos los días: según datos del colectivo Geografía Crítica, cada cincuenta horas una mujer es asesinada por ser mujer. El maltrato psicológico, el abuso sexual y el asesinato son una de las cabezas del monstruo que devora mujeres en el Ecuador. En Galápagos, el monstruo tiene una cabeza más: la indiferencia y precariedad de su sistema de justicia.

Parte del problema es la falta de una unidad de peritaje integral para las víctimas de violencia género en Galápagos. “Casi no hay servicios ni organizaciones que trabajen con violencia contra la mujer. (El tema de la prueba de ADN) es sumamente grave en los casos de violencia sexual porque como en el caso de Luisa, el agresor va a salir libre y ella va a quedar en absoluta vulnerabilidad”. Vera cree que como el caso de Luisa se hizo público en un grupo de Facebook —cuya publicación con su historia ha sido compartida 260 veces— generó más presión social y ella logró que sus muestras sean transportadas más rápido al continente. Sin embargo, dice, este tipo de evidencias desde Galápagos tardan días o semanas en llegar porque como son biológicas no pueden ser transportadas en vuelos comerciales. El Estado, dice Vera, debería resolverlo con un transporte aéreo oportuno ya sea de la Cruz Roja o la Policía porque sin eso se retrasan más los procesos.

En el reportaje de la mujer extranjera en Ecuavisa, la Fiscal Provincial del Guayas, Patricia Morejón, dice que las audiencias y versiones se pueden realizar por videoconferencia para evitar el viaje a Guayaquil, pero que para los exámenes se necesitan los peritos calificados que no hay en Galápagos. “Tienen que venir. Solo cuando es sumamente necesario se pide colaboración a la psicóloga de la Unidad de Violencia Intrafamiliar en Galápagos, de lo contrario la víctima tiene que trasladarse a Guayaquil lo que ocasiona algún tipo de gasto”, dice Morejón. Esta falta de condiciones en Galápagos, según Vera, permite un alto nivel de impunidad. “¿Si estas trabas ocurren en un caso emblemático como el de Luisa, cómo será para las mujeres empobrecidas de las islas?”, dice.

El caso de Silvia es una estación de ese vía crucis. El caso de Silvia es otro. Silvia es guayaquileña y vive en la isla Isabela. De los ocho años que lleva en Galápagos, siete ha sido abusada psicológica, física y sexualmente por su pareja. Lo ha denunciado incontables veces, él ha ido preso pero ha vuelto a salir libre. “En Isabela la situación es peor, aquí la Policía me ha dicho que las llamadas de las mujeres que denuncian violencia de género son todos los días”, dice Lisseth Valdivieso, representante de Uniendo Fuerzas Formando Futuro, una ONG enfocada en educación alternativa desde el arte. Según Valdivieso, desde 2017 la ONG ha fortalecido su enfoque de género por la gravedad de los casos en la isla. Actualmente ella brinda acompañamiento a Silvia pero “de una manera informal, sin otra cosa que no sea la convicción”. La última denuncia de Silvia fue por violencia física: él la golpeó con cadenas y candados y le fracturó un dedo, le dislocó la mandíbula y dejó hematomas en todo el cuerpo. Pero Silvia se siente culpable, dice Valdivieso, ella está sola en Galápagos y la familia de su pareja la presiona siempre para que quite los cargos y él pueda salir libre. Y ella lo hace. Silvia no tiene apoyo psicológico ni asesoría legal. El monstruo la devora poco a poco. Y las estadísticas lo dicen con claridad: al final casi siempre ese monstruo termina por matar a las mujeres.

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Hay otras evidencias que Luisa considera que inculpan a Pedro. Él aceptó haber tenido contacto sexual con ella, pero Luisa quiere demostrar que ese encuentro no pudo haber sido consensual por  su estado etílico. Ese domingo por la mañana en el que ella trataba de entender qué había sucedido, encontró dos videos en su celular grabados por Pedro en los que aparece él y Gina. Ambos hablan en inglés y, a pesar del reguetón en el fondo, se escucha cómo él sugiere ir al cuarto de Luisa para mostrarle qué tan borracha está. Los dos hablan enredado y tienen los ojos vidriosos. Como Pedro insiste en entrar al cuarto, la amiga le dice que eso sería invadir su privacidad, que está dormida. El CD con el video fue entregado el 2 de agosto junto con un oficio firmado por Luisa en el que pide un perito para la traducción, el barrido, transcripción, descripción y detalle del contenido. Recién diecinueve días después —dos antes del fin de la instrucción fiscal— la Fiscalía de Santa Cruz ha pedido a la de Guayaquil que le envíen una certificación presupuestaria para el pago del perito traductor, cuyo pago luego debe ser autorizado por la Fiscalía en Guayaquil. La rueca oxidada del aparato judicial vuelve a ponerse en movimiento: lenta y exasperante.

El 23 de agosto vence el período —de un mes— que la Fiscalía tiene para la instrucción fiscal. Si el fiscal considera que no tiene las pruebas suficientes, podría pedir una prórroga de 15 días, en los que Pedro seguiría detenido (por ser un caso de violencia sexual, podría estar hasta 100). Si el fiscal cree que sí las tiene, debe pedir fecha y hora a un juez para la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio. Allí el fiscal decidirá si acusarlo o no. Si lo acusa, existen dos escenarios: que el juez ratifique la decisión, se prepara un juicio y hasta eso Pedro permanece preso, o que el juez considere que no hay indicios y lo libere. Pero si el fiscal no lo acusa, Pedro saldrá libre.

Vera cree que con las pruebas que tiene Luisa, el fiscal debería acusar porque la de ADN es importante pero no determinante en casos de violencia sexual. “Desde los estándares internacionales de Derechos Humanos lo determinante es el testimonio de la víctima”. En medio de todo, lo único que Luisa quiere es que se haga justicia.  Quizás no sospecha que su historia con baches por el sistema judicial de Galápagos es parecida o igual a la de las 250 mujeres que han buscado apoyo sin éxito. Lo mínimamente civilizado que podría pasar —sea cual sea la determinación del fiscal— es que al menos se practiquen las pericias y pruebas necesarias, y que el caso no concluya por el simple paso del tiempo, que es una de las formas más ruines (y comunes) de la injusticia.

*Todos los nombres son protegidos.