Venezuela sucumbe ante protestas

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Jefferson Díaz
• Mayo 7, 2017 •

El presidente Nicolás Maduro ha llamado a una Asamblea Nacional Constituyente “ciudadana”, mientras que la oposición insiste que continuará en las calles hasta que el gobierno dimita. Desde febrero de 2014, cuando hubo 41 muertos, el país no había vivido jornadas tan intensas de protestas. ¿Qué pasa en Venezuela?

Treinta cinco muertos y más de setecientos heridos han dejado las protestas en Venezuela desde el 6 de abril hasta el 5 de mayo. Las cifras han sido recolectadas por el Ministerio Público. Lo que comenzó a principios de abril como una serie de manifestaciones organizadas por la oposición venezolana para exigir al Ejecutivo la restitución de facultades de la Asamblea Nacional se ha convertido en un entramado de movidas políticas y sociales entre ambas partes. La razón de las primeras protestas fue la sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) con la que asumió las funciones de la Asamblea, despojándola de cualquier legalidad, pero con los días las manifestaciones se han centrado en la escasez de alimentos, medicinas, inseguridad ciudadana y la represión a las libertades ciudadanas —derecho a la protesta y libertad de expresión— que ha aplicado el gobierno de Nicolás Maduro desde hace tres años.

Maduro entregó este 3 de mayo un decreto ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) donde convoca a una “Asamblea Nacional Constituyente Ciudadana”, con el fin de “reestructurar el Estado y conseguir la paz que tanto deseamos los venezolanos”. Una medida que ha sido tomada por la oposición como una continuación “del golpe de Estado parlamentario” que sufrieron de parte del TSJ. Mientras el jefe de Estado entregaba el documento, militares de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) dispersaron con bombas lacrimógenas a manifestantes en la principal autopista de Caracas: la Francisco Fajardo. Los manifestantes que trataban de llegar a la sede de la Asamblea Nacional en el centro de la ciudad.

Dicha represión ha sido recriminada por la comunidad internacional. El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro publicó a través de su cuenta de Twitter una serie de comunicados donde exhorta a Maduro a “frenar ola de represión y violencia”. Gobiernos como el de Canadá pidieron al presidente Maduro que “favorezca al diálogo”, mientras que Estados Unidos a través del subsecretario adjunto para el Hemisferio Occidental, Michael Fitzpatrick , indicó que la convocatoria de una constituyente “no parece un genuino esfuerzo de reconciliación”.

Los líderes de la oposición venezolana como el presidente del parlamento, Julio Borges, han dicho que no acatarán una constituyente porque lo que se pide es “elecciones generales, la liberación de todos los presos políticos y apertura de un canal humanitario”. Por eso, sostienen entre sus seguidores un llamado a mantenerse en las calles “de manera pacífica” para obligar al gobierno a que se retracte de esta medida. Sin embargo, las fuerzas de seguridad como la GNB y la Policía Nacional Bolivariana, a pesar de encontrarse con manifestantes desarmados, los atacan con perdigones, ballenas (vehículos blindados que lanzan agua), tanquetas y bombas lacrimógenas.

Carlos José Moreno fue el primero en caer el 19 de abril. Tenía 19 años y se dirigía a una práctica de fútbol mientras pasaba por una concentración de la oposición en San Bernardino (urbanización al norte de Caracas). Recibió un tiro en la cabeza y según las investigaciones del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) el disparo provino de un grupo de motorizados vestidos de civiles. Desde la oposición se ha dicho que Carlos fue asesinado por colectivos —como se denomina a los grupos paramilitares afectos al gobierno— que dispararon para disolver la protesta. Desde el Ministerio Público esta teoría no ha sido desmentida, pero tampoco descartada, aún están en investigaciones.  

Ese mismo día, en la ciudad de San Cristóbal (capital del estado Táchira al sur de Venezuela) murió Paola Ramírez de 24 años. La joven protestaba cuando un grupo de colectivos le robaron su bolso con su celular, billetera y las llaves de su casa. Ramírez trató de huir de los colectivos pero le dispararon en la cabeza. Entre los últimos caídos están: Juan Pablo Pernalete de 20 años, estudiante de la Universidad Metropolitana, quien recibió un golpe de bomba lacrimógena en el pecho lo que le generó un shock cardiogénico. Sucedió mientras protestaba en la autopista Francisco Fajardo, a la altura de Las Mercedes (urbanización al este de Caracas) el 26 de abril; y Armando Cañizales, de 17 años, quien murió mientras protestaba, también en Las Mercedes, el 3 de mayo. Una bala le causó un trauma penetrante en el cuello según denunciaron líderes de los partidos de oposición. Sin embargo, el Ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, declaró que Armando murió por el impacto de una “esfera metálica” disparada en contra de los Guardias Nacionales.

El ex presidente del parlamento, el diputado opositor Henry Ramos Allup, ha dicho que todas estas muertes han sido causadas por la “represión del gobierno”. “Cargan las armas con metras en vez de perdigones y la orden es disparar las latas de gas lacrimógeno directamente al pecho y las piernas”, declaró durante una sesión de la Asamblea Nacional el 2 de mayo. El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz y coordinador de las fuerzas policiales del país, Néstor Reverol, ha dicho que las muertes generadas en el país por las manifestaciones si bien “son lamentables, nacen de las ganas de la derecha venezolana para generar violencia y caos”. Cada una de las muertes ha sido designada con un fiscal de Ministerio Público para su investigación.

Caracas parece una ciudad sitiada. La oposición ha llamado a marchas, obstrucciones de las principales avenidas y concentraciones. Y no sólo la policía nacional y la GNB se han encargado de reprimir estas acciones sino también los colectivos: grupos que nacieron bajo la figura de “Círculos Bolivarianos” en el 2000 con el apoyo del ex presidente Hugo Chávez, que supuestamente debían organizar actos culturales y sociales en sus comunidades y en realidad se convirtieron en grupos de choque armados. Su principal objetivo siempre ha sido defender la revolución sobre todas las cosas. Su figura no está amparada bajo ninguna ley local y sus miembros se defienden diciendo que “son la espada defensora de la revolución”. No existe un censo exacto de cuántos son, pero sólo en el sector de Cotiza (al oeste de Caracas) hay 100 operativos. Tampoco es sencillo identificarlos, por lo general se mueven en bandas, están armados, gritan consignas a favor del gobierno y nunca aparecen en marchas oficialistas. Es decir, su rol es solo para reprimir las opositoras.

A través de las redes sociales, en especial Twitter, los venezolanos han observado cómo estos grupos paramilitares han entrado en residencias, urbanizaciones y comercios para evitar que las personas protesten en contra del gobierno. Por ejemplo, en La Urbina (sector al oeste de la ciudad) varios miembros de estos grupos amedrentaron a protestantes de la oposición con revólveres y pistolas el 2 de mayo. Mientras que en El Valle (sector al sur de la ciudad), el 21 de abril, se registraron saqueos de parte de estos colectivos a los negocios para intimidar a la población.

Ciudades como Mérida, Valencia, Barquisimeto y Maracay también tienen su cuota de violencia reportando saqueos y disturbios desde el 19 de abril. Venezuela no había vivido una serie de protestas tan intensas desde febrero de 2014, cuando el dirigente opositor, Leopoldo López, llamó a una marcha en contra del gobierno. La idea era protestar en contra de la escasez de insumos básicos y la inseguridad. Ese día, en Caracas, murieron los estudiantes Bassil Da Costa y Robert Redman. Investigaciones posteriores determinaron que Da Costa murió por una bala disparada por un agente del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y Redman por una bala disparada por un miembro de un colectivo en Chacao (sector al este de Caracas). Sus muertes causaron tanta indignación dentro de la oposición venezolana, que otros dirigentes opositores como María Corina Machado y Antonio Ledezma (alcalde mayor de Caracas, actualmente preso) llamaron a continuar con las protestas. El 18 de febrero de 2014, López se entregó a la Guardia Nacional Bolivariana, luego de que el gobierno lo acusara de provocar las muertes del 12 de febrero. Desde esa fecha hasta septiembre de 2014 hubo protestas, cuando el gobierno de Nicolás Maduro y la Mesa de la Unidad Democrática (oposición) discutieron por primera vez una posible salida a la crisis a través del diálogo. Pero en tres años no han habido resultados concretos de ese diálogo.

Al contrario, han vuelto las protestas pero esto no fue un impedimento para que Nicolás Maduro activara el 1 de mayo el artículo 347 de la Constitución de Venezuela que dice que :“El pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario. En ejercicio de dicho poder, puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente con el objeto de transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución”.

Es la segunda vez, durante la “revolución bolivariana”, que se activa este mecanismo en el país. La primera fue cuando el ex presidente Hugo Chávez llegó al poder en 1999. Con la actual Constitución, por ejemplo, se eliminó el sistema bicameral que tenía el país (Senado y Cámara de Diputados) y se aumentó el período presidencial de cuatro a cinco años. Maduro pretende cambiar la Constitución del 99 proponiendo nueve puntos donde se incluye el reconocimiento constitucional a las misiones socialistas y la transformación del sistema penal venezolano: quiere aumentar las penas para delitos violentos como asesinato o secuestro. Hoy la pena mayor es de treinta años.

Lo que la oposición no tiene claro es si Maduro seguirá los pasos establecidos en la Carta Magna donde se indica que constituyentistas deben ser electos por circuitos municipales bajo un voto universal, directo y secreto. Eugenio Martínez, especialista en temas electorales, a través de su cuenta en Twitter planteó la necesidad de que el gobierno sea claro en el decreto que pide la constituyente. “No se sabe cómo serán los pasos comiciales que se presentarán ante el CNE”. Por ejemplo, Maduro dice que deben ser 500 constituyentistas, aunque no dice de dónde saca esa cifra. Además, la comisión gubernamental que regirá el proceso de convocatoria de la constituyente —presidida por el ministro de Educación, Elías Jaua— indicó que la mitad de los constituyentistas serán electos desde las “bases oficialistas” y no a través del voto. Lo que genera una gran preocupación entre la oposición porque parecería que el gobierno está buscando reformar al Estado para tener una Constitución acorde a sus intereses.

A todo esto se une la falta de información oficial y autocensura de los medios tradicionales (radio, prensa y televisión) que ha dejado al venezolano vulnerable ante la cantidad de rumores generados a través de las redes sociales. Ya sea información sobre una posible dimisión del gobierno como pactos y reuniones que se puedan dar entre la oposición y el oficialismo. La mayoría de la población se encuentra en un limbo comunicacional.

Hasta ahora la oposición continúa con su llamado a tomar las calles hasta que se cumplan los puntos que han planteado desde principios de 2017, a pesar de que varios diputados opositores como Freddy Guevara, Julio Montoya y José Manuel Olivares han resultado heridos en las protestas, y de que se ha observado un aumento en la violencia entre manifestantes y efectivos de la GNB y la policía nacional. Todo parece indicar que esta historia está lejos de terminar.