Solución vial Guayasamín: los demonios de la inmadurez política

Imagen tomada del informe de ejecución del proyecto Guayasamín
Daniela Chacón Arias
• Agosto 29, 2016 •

¿Por qué nos cuesta tanto aceptar la crítica?

Imagen tomada del informe de ejecución del proyecto Guayasamín

En Quito circulan unas encuestas sobre la Solución Vial Guayasamín: dicen que más del 60% de los quiteños que conoce el proyecto de la Alcaldía está a favor de que se construya, y cerca del 50% de esos encuestados cree que la obra tiene sobreprecio. Seguimos pensando que poco importa que las decisiones de las autoridades políticas cumplan con principios éticos y de responsabilidad, con tal de que se hagan obras. 

No siempre nos preguntamos si la obra es necesaria, si el proceso de contratación fue el adecuado o si es la mejor opción para resolver el problema que pretende atender. No nos preguntamos porque confiamos en que la representación que hemos dado en las urnas implica un mandato: que en cada decisión se ejerza esa representación con responsabilidad.

Descifrar la representación es una de las tareas más difíciles que tenemos los políticos. Es un ejercicio diario que no acaba nunca. Para ello, existen los mecanismos de participación ciudadana (como asambleas barriales, silla vacía o planificación participativa) y reglas que ponen parámetros para la toma de decisiones, como son las normas de contratación pública.  Ambos buscan dar legitimidad a las decisiones públicas, más aún cuando el dinero de los ciudadanos está de por medio. 

La Solución Vial Guayasamín no ha cumplido con estas dos obligaciones. El procedimiento puede que haya sido legal, pero como hemos visto en esta década, las leyes se aprueban para ajustarse a la conveniencia del gobierno de turno, sin que ello implique que sean legítimas o responsables. 

Hay que hacer un antecedente necesarísimo: El correísmo aprobó la Ley Orgánica de Empresas Públicas que les permite contratar directamente con otras empresas públicas internacionales sin utilizar los principios básicos de la contratación pública y de participación ciudadana, que no se deberían obviar. Uno de ellos es hacer un análisis de alternativas para asegurar que la obra que se está contratando es la más adecuada, la que en efecto resolverá el problema.  En el proceso de contratación a la empresa pública China Bridge and Road Corporation, se utiliza esta ley y por tanto no se realiza un análisis de obras alternativas. ¿Por qué un puente con intercambiadores y no un metroférico (transporte por cable)? En todos los documentos que la Alcaldía de Quito entregó a los concejales y a la ciudadanía, incluidas las infames cajas, no había un análisis de alternativas. Simplemente, se recibió la oferta de la empresa china y su conveniencia se analizó por sí sola sin que haya otras opciones. Nunca sabremos si el metroférico era más conveniente o si había otra solución posible de menor costo o más adecuada.

Era indispensable, además, contar con estudios definitivos para saber exactamente qué es lo que se va a construir. Si no, ¿cómo podría la municipalidad determinar con certeza el costo de la Solución Vial Guayasamín? Hay una serie de imprecisiones que dejan la puerta abierta para que el precio cambie sin que esté claro quién asume la responsabilidad. El contrato dice, por ejemplo, que se construirá un puente de aproximadamente 500 metros. ¿Qué pasa si el puente es de 501 o 499 metros? En el sector público no se puede ser así de imprecisos porque estamos tratando con recursos de los quiteños sobre los cuales debemos ser cuidadosos en extremo.

Se debía haber hecho un análisis profundo para fundamentar la decisión de la Alcaldía. El principio de motivación no es un lirismo: es el que obliga a los políticos y a los técnicos a explicar bajo qué criterios se toman las decisiones. Nos permite a los ciudadanos estar seguros y tranquilos de que no se toman decisiones arbitrarias, o para beneficiar intereses particulares sobre el interés general.  

Los informes técnicos que respaldan la Solución Vial Guayasamín son insuficientes, por decir lo menos. El informe de viabilidad de la Secretaría de Movilidad y de Planificación tiene una hoja y media que está cubierta, en buena parte, por antecedentes. El informe financiero no explica claramente porqué se otorga una concesión de treinta años, ni en qué se fundamenta el valor del peaje asignado, ni por qué la rentabilidad de la empresa china debe ser del 15%. Los principios de contratación pública obligan a hacer estos análisis de la mano con análisis socio económicos. En este caso, parecería que la fórmula financiera sólo se aprueba en función de la rentabilidad de la empresa.

 

 

 

Uno de los principales objetivos de esta obra es resolver el tráfico en la zona de la Plaza Argentina y el túnel Guayasamín. La oferta de la empresa china dice claramente que con proyecciones conservadoras del incremento del parque vehicular (y el tráfico de este sector) la obra se saturaría en un plazo de dos a cinco años contados desde el momento en que se inaugure. Durante meses no hubo un solo informe sobre esta afirmación y, de repente, en uno de los documentos entregados en agosto (cuatro meses después de la firma del contrato), se entregó un informe sin fecha ni firma de responsabilidad en el que se dice que la obra no se saturará. En este documento no se hacen simulaciones de tráfico con proyecciones de crecimiento a futuro. 

 

No hay un solo análisis sobre el impacto urbano de la Solución Vial Guayasamín. La construcción de intercambiadores alrededor del parque La Carolina, un sector en el que varias administraciones han invertido millones de dólares para mejorar su imagen urbana. Qué decir del tráfico que ya existe en esta zona y que necesariamente empeorará con esta obra. 

Finalmente, no hay documento alguno que explique qué sucederá con el barrio Bolaños. Hay un trato discriminatorio con los derechos de propiedad y las formas de vivir de sus habitantes: nunca se discutió con ellos, porque no se se sabía qué mismo iba a pasar (aún no se sabe) con el barrio. Se firmó un contrato sin conocer los impactos sociales que podría generar.  

Frente a todas estas falencias, la fiscalización se vuelve un ejercicio no solo necesario sino obligatorio. Sin embargo, el disenso en el contexto actual es visto como una ofensa y no como un ejercicio democrático. A quienes hemos cuestionado la Solución Vial Guayasamín nos han calificado de opuestos a la modernización de la ciudad y opuestos a resolver el problema de movilidad de los quiteños que viven en los valles de Tumbaco y Cumbayá. Se han presentado encuestas que revelan apoyos mayoritarios, como si fueran instrumentos de obligatorio cumplimiento por encima de la ética. Se han organizado contramarchas a legítimas protestas ciudadanas y se ha convocado a las masas para mostrar fotos con respaldos masivos a esta obra. Y hasta se ha dicho que pertenecemos a grupúsculos de la administración municipal anterior que boicotean la gestión de la actual Alcaldía. Y así la lista sigue.

El disenso es fundamental en la democracia. Cuando esas discrepancias no se resuelven y además responden a valores y principios, lo ético es ejercer la política desde otra trinchera. Sin embargo, queda un mal sabor de boca. Como sociedad seguimos estigmatizando la búsqueda de transparencia y parecemos dispuestos a dar cheques en blanco a quienes llegan al poder con tal de que algo hagan. El poder se compone de acciones y decisiones, pero también de fiscalización y cuestionamientos. Lo vuelve más democrático y transparente. Los famosos pesos y contrapesos entre funciones del Estado cumplen una función, no son simples adornos.