Las racionalidades de los emputados

• Junio 29, 2015 •

¿Por qué deben Alianza País y el gobierno escuchar a los manifestantes que los insultan?

Alianza País es una mala alumna de las lecciones de la Revuelta de los Forajidos que en 2005 terminó con la presidencia de Lucio Gutiérrez. Para entenderlo, hay que volver a los apuntes etnográficos de Edison Hurtado sobre Lo que pasó en Ciespal: “Hijueputas, ahora se mueren”— dice Hugo, uno de los entrevistados que aparece en los apuntes de Hurtado. Les hablaba a los diputados ecuatorianos que se encontraban en el edificio de la Ciespal en Quito: “Vos, Villacís [diputado del MPD], hijo de puta, te vas a morir, ahora sí te voy a colgar de los huevos yo mismo. Yo no sabía si él estaba ahí adentro escuchando. Te voy a colgar de los huevos. Todo cague de risa”— le cuenta a Hurtado— “Y cuando llegué al capítulo Dávila [diputado del PSC], le dije: Vos, Dávila, maricón, desgraciado. Eso de ‘maricón’ no era por ser homofóbico, para nada. A vos sí me voy a dar el gusto de meterte esta estaca por el culo. Y yo no tenía ninguna estaca ni nada. Vos fuiste el de la AGD, vos fuiste el atracador de este país. Entonces hacía memoria del papel del man en la Superintendencia de Bancos en la época de Mahuad, de cómo el man se enriqueció ilícitamente: tiene tres informes de la Comisión Anticorrupción que no dan trámite en la Fiscalía, encubrió a los deudores de la AGD mientras él estaba a cargo. Con él sí me explayé. Me seguía y me seguía acordando. Así, era una cuestión de ponerle memoria a un montón de notas y de gritarle todo en la cara. Así eran los gritos, ya un poco en serio, no tan joda, de la indignación que sentía”. El objetivo de los apuntes de Hurtado era rescatar las racionalidades subyacentes a esa violencia y amenazas sin sentido aparente. Las representaciones mediáticas de Lo que pasó en Ciespal —así como virtualmente todos los discursos oficiales y los de varios actores políticos— devinieron con demasiada facilidad en juicios morales hacia las formas violentas de expresión de un malestar y, con ello, se anularon los sentidos de la indignación que sentían manifestantes como Hugo. Hoy, Alianza País no muestra interés en entender las expresiones —incluso violentas— de un malestar producto de la violencia en el actual estado normal de las cosas: al igual que las representaciones mediáticas y políticas durante la caída del gobierno de Lucio, Alianza País simplemente las reprocha. Sin más. 

Por esos ‘grupúsculos violentos’ de extrema derecha y de extrema izquierda, el presidente Rafael Correa decidió incluso retirar los proyectos que —hasta ahora— han funcionado como efectivos dispositivos articuladores para la acción colectiva a nivel nacional. Los retiró —como dice el oficio enviado a la Asamblea Nacional— para evitar que esos grupúsculos “provoquen en la ciudadanía comportamientos exacerbados que degeneren en luchas sangrientas”. Los retiró por los violentos, porque la “gente de recta intención, bien intencionada” no expresa de esa forma su malestar. Los ciudadanos de recta intención y bien intencionados no pueden dejar que la indignación que sienten los lleve a amedrentar con colgar de los huevos a algún político. Mucho menos decirles, como le dijo Hugo a los diputados en el 2005, “hijueputas, ahora se mueren”, como estrategia de amedrentamiento, para no dejar “pasar la oportunidad de darte un escarmiento (moral) recordándote lo que eres a través de un megáfono”. ¿O sí?

En 2005, los medios y ciertos actores políticos exigían distinguir a los ‘verdaderos forajidos’ de aquellos manifestantes violentos y, por ello, irracionales. Pero donde medios y políticos sólo veían un tipo violento, que amenazaba con “colgar de los huevos” a Villacís del MPD, Edison Hurtado obtiene otras lecturas. Encuentra, por ejemplo, un ciudadano perfectamente informado en su acusación de corrupción a los políticos: los identifica por nombre, apellido, filiación política, y hasta cita el número de informes de corrupción. Los insultos, en sí, pueden ser entendidos como estrategias de amedrentamiento con su racionalidad propia: voy a acusarte, con nombre y apellido, de casos públicos de corrupción que tienes en tu contra, y eso me lleva a estar indignado. Como apunta Hurtado: “Te busco para golpearte —parece ser la lógica—, si no lo logro, no dejaré pasar la oportunidad de darte un escarmiento (moral) recordándote lo que eres a través de un megáfono”. 

El reproche de formas de expresión como las de Hugo, tachándolas de irracionales por violentas, menosprecia las racionalidades de los sujetos. El juicio moral negativo se deposita sobre esa forma muy visible del insulto, pero ignora la menos visible violencia del estado de las cosas en ese momento (en lo político, social, económico). Esto es lo que motiva al filósofo Slavoj Zizek a distinguir entre violencia subjetiva y violencia objetiva. El insulto, la amenaza o la protesta que se torna violenta son formas de violencia subjetiva. En ella, los agentes están a la vista y son fácilmente identificables. La protesta, en sí misma, se ve como una interrupción del estado normal de las cosas

La violencia objetiva es menos fácil de aprehender: es menos visible y no suele ser percibida como tal porque opera en otro registro. No hay actores fácilmente identificables o acciones fácilmente imputables, como el caso de los informes de corrupción que mencionaba Hugo. La violencia objetiva, en consecuencia, puede entenderse como la violencia del estado normal de las cosas. Para Hugo, la violencia del estado de las cosas durante el gobierno de Lucio. 

 

En uno de los días de las protestas de 2015, Viviana Bonilla, secretaria nacional de Gestión de la Política, desplegaba lo que —supongo— pensó era una parsimoniosa lectura política: 

“Cantos de alegría versus insultos, agresiones y escupitajos. El viejo país reclamando porque avanzamos. Golpistas #NoPasarán”. 

Alegres (ellos) versus violentos (cualquiera de los otros) que insultan, agreden y tiran escupitajos. Guillaume Long, Ministro de Cultura, nos brindó también su lectura: 

“¿Qué dirán mañana los medios sobre violencia de oposición? ¿Mencionarán las piedras, palos, botellazos, huevos, los rostros crispados de odio?”. 

La gente de recta intención y bien intencionada no protesta con rostros crispados de odio —parece decir—, por muy indignados que estén. 

 

Ambas lecturas recurren a argucias interpretativas basadas en el solo reproche de las formas violentas. Son argucias que sirven especialmente para introducir una carga de ilegitimidad en las protestas, mediante la creación de un fantasma de potenciales manifestantes violentos alentados por los intereses de unas bien conocidas élites económicas y políticas. Aunque puede ser fácticamente correcto el que existan grupos interesados en que las protestas se direccionen hacia la defensa de sus intereses, Long y Bonilla obvian lo fundamental: la propia violencia del estado normal de las cosas

Esa violencia objetiva es ya no una de un sistema donde derechos como acceso a necesidades críticas (educación, salud) no son garantizados por el Estado, sino una violencia inherente a la forma en que Alianza País ejerce el poder. Si los proyectos de ley de plusvalía y de reforma a la ley de herencias han servido como dispositivos capaces de articular efectivamente la protesta colectiva a nivel nacional, es porque capturan aquello. 

No hay explicación racional sobre dichos proyectos que resulte efectiva para estos actores, sin importar su claridad. La forma bajo la que pretendieron ser convertidos en ley desborda su contenido. En consecuencia, existen manifestantes que salen a las calles a protestar sin importar el motivo: la ley de plusvalía y de herencias, la ley laboral, el Yasuní, la no aprobación del matrimonio igualitario, la Cordicom, el exceso de gastos en las sabatinas, e incorporan en sus motivos la idea de estar cansados del “estilo” y “la prepotencia”. 

Todos esos casos se diferencian en contenido, pero convergen en la forma del ejercicio del poder. Frente a una emoción no hay argumento técnico o racional que valga. Por ejemplo, no es difícil convenir en que —como dijo hizo Pabel Muñoz, secretario nacional de Planificación— el debate sobre ambos proyectos —ya retirados— no son debates tanto técnicos, sino políticos. El tipo de sociedad que queremos —el argumento recurrente del presidente de la República para justificar esos proyectos—es siempre un debate político. 

Pero el mismo enunciado de Muñoz revela el ejercicio de poder subyacente: como en el caso de la reforma a la Ley de Herencias, se trató de un proyecto político enviado por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional bajo la figura de urgente en materia económica. Esa atribución permite al Presidente constreñir a los legisladores en tiempo y en capacidad de debate: treinta días para darle trámite y para llegar a consensos y, en el caso de no arribar a alguno (rechazo o aprobación, por ejemplo), la propuesta del presidente pasa por default y se convierte en decreto-ley a la que los legisladores pueden luego reformar por trámite ordinario. 

Muñoz está en lo correcto cuando afirma que el debate sobre dichos proyectos es esencialmente político, pero olvida mencionar que fue el Ejecutivo —al que SENPLADES está adscrito como entidad— el que decidió anular el debate público en primera instancia. 

Enviar un proyecto de carácter predominantemente político bajo la figura de “urgente” en materia económica, sustrajo todo su carácter político en la medida de que no tuvo la intención de promover un debate. No es casual, por ello, que las estrategias de Alianza País hayan tomado la forma de justificación técnica: la conducción del debate no pasó de discursos sobre lo idoneidad técnica, y abundaron en todos los portales web gubernamentales calculadoras de impuestos a la herencia y plusvalía. El gobienro no socializó estos proyectos de ley, apenas los comunicó a través de los dispositivos gubernamentales de comunicación: SECOM, los medios públicos e incautados, y los enlaces ciudadanos. Solo luego de las protestas masivas se decidió socializar y extender un “gran diálogo nacional”. Es una forma de propotencia. 

Que luego de ocho años funcionarios y militantes de Alianza País hablen de “relanzar la revolución ciudadana”, revela el estado de las cosas. Revela la legitimidad de las protestas masivas. Si en el discurso oficial Alianza País plantea ideológicamente la supremacía del ser humano sobre el capital, en la práctica plantea la supremacía de criterios técnicos —incluso en temas— eminentemente políticos. 

 

Figura 1. Promedio mensual de conflictividad sociopolítica, 1997-2014

Data ensamblada a partir de las estadísticas de conflictividad sociopolítica en varios volúmenes de la Revista Ecuador Debate, Centro Andino de Acción Popular (CAAP), desde 1997 a 2014. 

En ese cuadro hay un dato importantísimo: las actuales estadísticas de conflictividad sociopolítica muestran niveles virtualmente similares a aquellos durante la peor crisis en la historia económica del país a finales de los 90.  Quizá se deba, en parte, al vector abierto tras el proceso constituyente y su efecto en la reactivación de la lucha política, y en parte a un poder que no escucha sino a lo que considera estar técnicamente sustentado. 

De ahí que el “gran diálogo nacional” haya tomado, desde su momento de enunciación, una forma netamente reactiva: como lo planteó Bonilla, “cualquier persona con propuestas coherentes y transparentes, aunque sea de oposición, podrá participar de #DiálogoNacional”, en donde está implícita la lectura política de las protestas como “cantos de alegría versus insultos, agresiones y escupitajos”. No hay lugar para hacerse cargo del malestar por la forma de su ejercicio del poder, por “el estilo”, por “la prepotencia”. El diálogo está abierto para cualquier persona “no emputada”. 

En la medida en que el “gran debate nacional” parte de argucias interpretativas del malestar, se revela pronto como lo que es: un simple simulacro democrático. Simulacros que, una vez agotados, generan el reproche de militantes y actores políticos del gobierno cuando Hugos, “emputados” de la indignación que sienten, deciden reaccionar violentamente —con “insultos, agresiones y escupitajos” o protestando con sus “rostros crispados de odio”— frente a la violencia en la forma en que el gobierno decide ejercer poder.  

 

* Nota metodológica: registro del CAAP se elabora con base en la cobertura noticiosa de diarios El Comercio y El Universo. Como reconocen Ramírez, Le Quang y Bastidas (2013, p. 180), a pesar del inconveniente metodológico de un registro con base en solo esos medios –“inconveniente” bajo el supuesto de que la postura editorial puede condicionar la cobertura noticiosa-, esta base del CAAP es la única recopilación sistemática desde la época de los 90 de conflictividad socio-política.