Iguala: Crimen de estado, crimen de clase

¿Qué tipo de ‘orden’ exige que desaparezcan cuarenta personas?

“El orden reina en Berlín”, había dicho Rosa Luxemburg con amargo sarcasmo poco antes de ser asesinada por la represión de la insurrección obrera en la Alemania de 1919. Era la misma clase de orden que debía ser resguardado a toda costa el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, ubicada en el estado mexicano de Guerrero. Ese día habría una fiesta oficial donde estarían el presidente del municipio de Iguala y su señora esposa. Pero la celebración era amenazada por ochenta estudiantes de la Escuela Normal de la cercana localidad de Ayotzinapa. Ellos habían llegado para hacer activismo político y la policía los atacó con brutalidad por encargo del gobierno municipal. Es el episodio que en estos días tiene a México en la mira internacional. Al día siguiente, la prensa oficialista local celebró la represión con un artículo titulado “Por fin se pone orden”. Durante los días siguientes la imagen de esa portada se difundió en los medios nacionales acompañada de otras imágenes que helaban la sangre. Era el testimonio gráfico de lo que en Guerrero significa la palabra “orden”.

Los agentes dispararon contra el autobús en que viajaban los normalistas. Pero las balas alcanzaron también –por error– al autobús de un equipo de fútbol. Murieron el chofer y un jugador de catorce años. Una transeúnte, Blanca Montiel, cayó en la balacera unilateral. Al amanecer del sábado 27, veinte jóvenes estaban heridos y cinco, muertos. De los sobrevivientes, cuarenta y cuatro fueron arrestados, o mejor dicho, secuestrados. Entre ellos se encontraba Julio César Mondragón, que al día siguiente fue espantosamente torturado hasta morir: le arrancaron la carne del rostro. Dicen que fue por haberle escupido a sus captores. Los cuarenta y tres restantes no han vuelto a aparecer y el gobierno federal los da por muertos.

El 26 de septiembre, los normalistas estaban en Iguala recolectando fondos para viajar a la ciudad de México y participar en la marcha anual del 2 de octubre, fecha de la matanza de Tlatelolco de 1968. Sus reclamos estaban dirigidos, sobre todo, a los recortes en la educación pública. En la Escuela Normal de Ayotzinapa, los futuros profesores rurales no se avergüenzan de su origen campesino ni ocultan su filiación política. Estudian no sólo para enseñar, sino sobre todo para comprender la realidad social que enfrentarán cuando sean maestros. Son tan pobres como sus futuros alumnos y para sobrevivir tienen que complementar las magras becas estatales con un intenso trabajo, pues la escuela es, a la vez, una granja colectiva. Si soportan esas condiciones no es para superarse individualmente, sino para ayudar “al pueblo”, del que se consideran hijos. Son miembros de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas. Mantienen su instituto decorado con retratos de Marx, Engels y Lenin, así como de los líderes guerrilleros mexicanos de los años setenta: Genaro Vásquez y Lucio Cabañas, dos maestros rurales egresados de la misma escuela.

Los voceros del gobierno, los partidos de derecha y de los medios de comunicación los han llamado siempre revoltosos, subversivos, delincuentes. Y no sólo a ellos. El año pasado, una protesta de maestros rurales en la capital del país atrajo una inusitada campaña de odio explícitamente clasista e implícitamente racista. En esas condiciones, la represión violenta ha llegado a ser un “gaje del oficio” del normalista. En diciembre de 2011, dos de ellos fueron asesinados a tiros por la policía estatal durante una protesta en Chilpancingo (capital del estado de Guerrero), un hecho que prácticamente no produjo escándalo.

Tanto el gobierno como la prensa (nacional e internacional) presentan la masacre de Iguala como un episodio más de la larga “guerra del narco”, que ha devastado a México en los últimos siete años. La probable colaboración del crimen organizado con la policía de Iguala en este ataque ha contribuido a oscurecer la naturaleza específicamente política de este crimen. El gobierno federal se declaró indignado y culpó de todo el asunto al gobierno local. Los policías implicados y algunos de sus cómplices civiles fueron arrestados por fuerzas federales. El presidente municipal, José Luis Abarca, tuvo tiempo de huir, para ser arrestado semanas después lejos de su ciudad. De forma gradual se fue haciendo pública su responsabilidad en diversos actos anteriores de violencia política, además de los vínculos familiares de su esposa, Ángeles Pineda, con el poderoso cartel de los Beltrán Leyva.

En medio de la maraña de niveles de gobierno, partidos implicados y carteles de la droga, se ha ido abriendo paso un entendimiento simple, condensado en una consigna de tres palabras: FUE EL ESTADO. Lo que subyace a esta comprensión no es sólo que los perpetradores fueran policías, que obraron respetando su cadena de mando, sino que su móvil fuera el móvil “estatal” por excelencia: la defensa del orden social establecido mediante la represión de disidentes.

En una conferencia de prensa del 7 de noviembre de 2014, el Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, negó que el conjunto del Estado mexicano tuviera responsabilidad alguna por los actos del gobierno municipal. Sin embargo, ahí mismo admitió con toda naturalidad que si el ejército federal hubiese estado presente, lejos de proteger a los normalistas habría contribuido a la represión. Su labor como cuerpo es ayudar a “la autoridad constituida”.

Siendo México un país presidencialista y centralista, el hombre que –en la forma y en los hechos– manda sobre las fuerzas armadas de todo el territorio nacional es el presidente de la República. Hoy ese puesto lo ocupa Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Por ello, los padres y las madres de las víctimas, tras reunirse con Peña Nieto, en lugar de mostrar el tradicional “respeto a su investidura”, lo declararon responsable de la suerte de sus hijos.

El nacionalista Partido de la Revolución Democrática (PRD) también ha tenido su parte. A esta opción electoral algunos comentaristas la llaman “la izquierda”. Y a sus filas pertenecían el presidente municipal de Iguala (Abarca) y el gobernador del estado de Guerrero, Ángel Aguirre, quien tuvo que renunciar ante la evidencia de su proximidad con Abarca. Esta circunstancia, lejos de oscurecer la naturaleza política del crimen, en cierto modo lo ha simplificado: Las diferencias que median entre los partidos se han vuelto irrelevantes comparadas con el abismo que los separa a todos ellos del movimiento social, especialmente de los más jóvenes.

Tan separado está el poder del pueblo, que ya ha habido fuertes muestras de repudio, no sólo contra las sedes de los dos partidos mencionados (PRI y PRD), sino incluso contra las de un tercer partido, el Partido Acción Nacional (PAN). El PAN no estuvo involucrado directamente en la masacre de Iguala, pero era el que gobernaba México cuando inició la militarización, hace menos de diez años. En ese entonces, el presidente Felipe Calderón (2006-2012), en su afán de legitimarse tras unas elecciones cuestionadas, lanzó la guerra frontal contra el narcotráfico. Para ello, amplió la funciones policiacas del ejército y rompió ciertos pactos o equilibrios que hasta entonces habían permitido a la ciudadanía vivir en cierta paz.

En estos días, los compañeros de los normalistas desparecidos y los militantes del sindicato magisterial del estado han incendiado dos veces la sede del gobierno estatal. También han sacado comida de los grandes almacenes para repartirla entre la población de Chilpancingo y ocuparon por tres horas el aeropuerto de Acapulco. En el resto del país, los paros estudiantiles se suceden, cada vez más largos, y una marcha en la ciudad de México estuvo cerca de quemar la puerta del emblemático Palacio Nacional, sede del gobierno federal.

Esas acciones han ido disipando el consenso de consternación que dominó a la sociedad mexicana los días que siguieron a la desaparición de los estudiantes. Conforme las protestas se radicalizan, los indignados de palabra se deslindan de los indignados de hecho. Cada vez se atribuyen más las acciones contundentes a “infiltrados”, como en esta viñeta del caricaturista Patricio. Y eso abre más las brechas en la solidaridad.

Cada vez se publican más opiniones que equiparan la violencia del victimario y la resistencia de la víctima, valorando más los objetos destruidos por las manifestaciones que las vidas destruidas por la represión. Ante el intento de quema de la puerta del Palacio Nacional, el funcionario público y líder juvenil priísta Luis Adrián Ramírez expresó con lenguaje florido lo que muchos otros dejan ver entre líneas. En redes sociales, dijo que el gobierno no debería detenerse ante “una puta idea de preservar los derechos humanos de estas bestias que no merecen vivir… y hoy más que nunca aclamo el regreso de alguien como don Gustavo Díaz Ordaz”, haciendo referencia al presidente asociado con la represión del movimiento estudiantil de 1968. La hija de una dirigente sindical priísta ilustró en seis palabras el motivo profundo de esta violencia, cuando escribió en su Facebook: “Luego por qué los queman…NACOS”. “Naco”, en México, es la palabra que designa a los socialmente pobres y racialmente indígenas.

Las mismas palabras que se usaban contra los normalistas antes de su desaparición –rijosos, vándalos, delincuentes– se usan hoy en la gran prensa comercial contra quienes protestan esa desaparición. La solidaridad se va volviendo más difícil entre los intelectuales y tanto más necesaria. Sin embargo, mientras más voceros, periodistas, comentaristas, escritores y académicos se deslindan de la violencia de las manifestaciones, más trabajadores y trabajadoras engrosan la base de las protestas. Varios sindicatos importantes se han sumado formalmente a las marchas. Gente normalmente apolítica, e incluso conservadora, defiende las acciones que los “líderes de opinión” censuran. La peluquera comienza hablándome de sus problemas económicos y termina con “los muchachos de Guerrero”. El taxista, después de soportar horas de tráfico por el cierre de una calle, explica: “es por los muchachos” y guarda un respetuoso silencio. Un par de señoras sentadas en el cine junto a mí se indignan con los anuncios del gobierno y gritan: “¡no pagamos para oír mentiras!”.

Así que, otra vez, como siempre en los últimos ocho años, hay compatriotas muertos. Tristemente, eso va dejando de ser noticia. ¿Por qué fue éste caso el que detonó la protesta? Quizá porque éstos no eran compatriotas cualesquiera. Eran jóvenes que luchaban por los pobres y que aspiraban a educar a la población pobre. No fueron asesinados accidentalmente, por negarse a pagar una extorsión, ni siquiera por pertenecer a una zona equivocada. Mucho menos por pertenecer a un cartel rival. Fueron asesinados porque desafiaron la política fundamental del Estado en materia educativa y social. Y en el fondo todo México lo sabe. Se va difundiendo la intuición de que la policía de los ricos mató a hijos de los pobres, por defender a los pobres. A todos los pobres.