Una historia de excesos

Rafael Correa
• Abril 11, 2016 •

Necesitamos un Estado eficiente al servicio de los ciudadanos, y no ciudadanos al servicio de un Estado obeso.

Fotografía de Agencia de Noticias ANDES bajo licencia CC BY-SA 2.0. Sin cambios.

En Ecuador, los excesos en el gasto e inversión pública de la última década fueron el resultado de una desafortunada conjunción: una ideología dominante de que la empresa privada no debía ser la principal forma de organización económica y una coyuntura de extraordinarios precios del petróleo. Este nocivo coctel impulsó el gasto público a niveles hasta entonces insospechados: pasando de 34,7% del PIB en 2010 a 43,9% en 2014. El problema de este incremento en el gasto público es que alguien tiene que pagarlo y generalmente somos los ciudadanos a través de mayores impuestos.

Inclusive cuando los precios del crudo aún estaban muy elevados, los recursos eran insuficientes frente a las necesidades de gasto del gobierno. En 2013, el déficit del Sector Público No Financiero aumentó a -4,6% del PIB a pesar de que el barril de petróleo ecuatoriano promediaba 96 dólares. El déficit en 2014 —cuando el barril estaba a 84,30 dólares— fue de -5,3%. Queda claro que el desplome del precio del crudo en 2015 no es la causa de la necesidad de ajuste fiscal, sino tan solo el detonante de un proceso que tarde o temprano debíamos afrontar.

Con un el barril de petróleo rondando los treinta dólares ya no es posible insistir en la misma estrategia de impulso de la economía a través de la inversión pública. Se requiere un viraje de 180 grados en la política pública para promover la participación privada y generar un ambiente amigable con los inversionistas. Pero esta realidad no ha sido asumida del todo por el gobierno que insiste en evitar el ajuste fiscal. En 2015, el gasto total se contrajo en -4,9 puntos porcentuales del PIB a 39,0%. La reducción se produjo sobre todo en inversión en -3,9 puntos a 11,3% del PIB, mientras que el gasto corriente se contrajo en apenas -1,0 punto porcentual a 27,7% del PIB. Un gasto de 39,0% del PIB continúa siendo demasiado elevado frente al actual nivel de ingresos, por lo que termina siendo insostenible. Aunque el gobierno trate de evitarlo, la reducción en el gasto público es ineludible en un futuro cercano.

Fiel a su intención de evitar el ajuste fiscal, el gobierno envió a la Asamblea un proyecto urgente para el equilibrio de las finanzas públicas. Este proyecto en materia tributaria busca incrementar las recaudaciones fiscales en casi $500 millones por año.

Se incrementará el ICE para cerveza, cigarrillos y bebidas gaseosas con lo que el gobierno espera recaudar $269 millones adicionales. También se reducen las exenciones del Impuesto de Salida de Divisas que tenían los viajeros para sacar dinero hasta $1.000 (anteriormente era $11.000), lo que rendiría $15 millones. Se modificarán las exenciones de impuesto a la renta, devolución de IVA y otros beneficios tributarios a personas de la tercera edad y discapacitados con lo que se espera recaudar $38,4 millones. El cambio en la retención de impuesto a la renta a la comercialización de minerales generaría: $66,8 millones, y la tarifa ad valorem de 15% a la telefonía fija y móvil para sociedades: $187 millones.      

Pero esta reforma tributaria hará poco para reducir la vulnerabilidad fiscal dada la impresionante necesidad de financiamiento para cuadrar las finanzas públicas. Para 2016 se requerirían más de $10 mil millones para ejecutar el presupuesto.

Esto ha impulsado al gobierno a transitar por la peligrosa senda del financiamiento “creativo”. A la fecha ha acudido a las reservas internacionales del BCE por $2.466 millones entregando a cambio bonos del Ministerio de Finanzas. Inició un programa de pago con títulos del Banco Central por $200 millones cuyo respaldo también son bonos del Ministerio de Finanzas. Firmó un poco transparente acuerdo de servicios petroleros con financiamiento con la petrolera Schlumberger a cambio de la entrega inmediata de $1.000 millones.  Y todavía existen muchas más ideas “creativas” en carpeta esperando su turno para ser ejecutadas: importación de crudo con financiamiento del proveedor, titularización de la cartera de la banca pública y del Biess, concesión de nuevos campos petroleros maduros y titularización de los flujos de la refinería de Esmeraldas.

Para que las finanzas públicas vuelvan a ser sostenibles no se necesitan de más reformas tributarias que ahorcan a los ciudadanos en una época de contracción económica. El gobierno debe asumir su responsabilidad del proceso que estamos atravesando, y aplicar una política coherente de reducción de gastos. El Estado debe volver a un tamaño sostenible cuyo mantenimiento no represente una carga excesiva para sus ciudadanos. La meta podría ser reducir el Sector Público No Financiero a alrededor de 33% del PIB, es decir 6 puntos porcentuales menos que en 2015.

Hay mucho camino por recorrer. Finanzas públicas sanas son un requisito ineludible para generar un ambiente atractivo a la inversión. Recordemos que necesitamos un Estado eficiente al servicio de los ciudadanos, y no ciudadanos al servicio de un Estado obeso. Lamentablemente este proyecto tributario no apunta en la dirección correcta.