El primer paso de Lenín Moreno para desmarcarse de Correa debe ser económico

• Mayo 28, 2017 •

La animosidad en la relación entre el gobierno y el sector privado de la última década sólo sirvió para limitar inversión y disuadir la generación de empleo. Ahora es el momento para renovar aquella relación y buscar el equilibrio que permite un crecimiento económico que vaya de la mano con la protección ambiental y los derechos laborales. El nuevo Presidente tiene aquí su primera gran oportunidad para escribir su propia historia.

La mayor pregunta que el nuevo presidente del Ecuador tiene es cómo reactivar la economía ecuatoriana. Mientras el candidato opositor Guillermo Lasso centró su campaña en la creación de empleo, Lenín Moreno no elaboró una visión económica, solo dijo que no piensa bajar impuestos, como había propuesto su adversario.

El problema ahora que llega a gobernar es que la economía está estancada: después de un período de recesión, la economía nacional podría no crecer ni decrecer este año: de hecho, la CEPAL dice que tendremos el segundo peor desempeño económico de la región, sólo detrás de Venezuela, un país que acaba de entrar en la antesala de una guerra civil.

Parte de la respuesta a la pregunta mencionada también depende de la visión económica que tenemos: ¿el futuro económico del país dependerá de lo que extraemos de la tierra, o lo que creamos con nuestras manos y cerebros?

Ecuador tiene ventajas innatas que lo podría hacer competitivo en la región: la dolarización genera una estabilidad financiera que podría atraer a empresas que busquen dónde instalar sus matrices regionales. Nuestra ubicación es convenientemente medular entre México y Argentina, los dos polos económicos de Hispanoamérica, y estamos al lado de dos economías emergentes: Perú y Colombia. Tenemos conexiones directas con muchas ciudades capitales de la región, y podemos ofrecer excelente calidad de vida, algo refrendado por la creciente cantidad de extranjeros que han elegido a Ecuador para pasar su jubilación.

No obstante, ser competitivo no fue una prioridad para el gobierno que terminó el 24 de mayo de 2017. En su lugar, la administración de Rafael Correa volvió a la economía dependiente del gasto público. El Foro Económico Mundial ubica al Ecuador en el puesto 91 de 138 en términos de competitividad. Para darnos esa deficiente calificación, el organismo cita las restricciones en el mercado laboral, la carga tributaria, y la corrupción como las grandes desventajas de hacer negocios en nuestro país. Aquella falta de competitividad se ve reflejada en la falta de inversión extranjera: nuestros vecinos, Perú y Colombia, reciben de 3 a 4 veces más inversión extranjera como porcentaje del PIB que el Ecuador.

En temas tributarios tampoco tenemos un margen competitivo. Si bien la tarifa corporativa promedio de impuesto a la renta de toda la región es 27% —y en Ecuador el impuesto a la renta es 22%— al incluir el pago de 15% de las utilidades a sus trabajadores, las empresas ecuatorianas terminan pagando un 37% sobre sus ganancias. Son diez puntos más que el promedio latinoamericano.

No se trata de no pagar los impuestos, sino de entender cómo funciona el sistema tributario nacional. Hay una diferencia entre las obligaciones tributarias de personas jurídicas y las de las personas naturales, y su impacto es distinto. Si una persona paga menos impuestos es porque tiene menos capacidad de consumo. Quien paga más, consume más porque gana más. El Estado toma esos recursos y los redistribuye. Lo hace muchas veces a través de programas como el bono de desarrollo humano, que tienen un impacto directo en la reducción de la pobreza. Pero si una empresa paga más impuestos sobre su ganancia, invierte menos en su operación, incluyendo en la contratación de personas. Entonces, las altas obligaciones tributarias corporativas atentan directamente contra la capacidad de generación de empleo de esas compañías.

Otro aspecto que es determinante a la hora de restringir la contratación de personal, son los altos costos de la terminación de contratos. Cuando una economía está estancada uno teme contratar más gente debido a la incertidumbre: si se pierde determinada línea de negocios, si los clientes se retiran o salen del mercado, ¿cómo se cubre la salida de personal que atendía ese segmento sin perder liquidez de tal manera que la operación diaria no se vea afectada?

En otros países los empleados y los empleadores contribuyen a un seguro de desempleo que protege los intereses económicos del empleado sin poner toda la responsabilidad sobre los hombros de la empresa. La idea de un seguro es eso: pagar el costo de algo de una forma constante y adelantado para evitar el choque de gastos extraordinarios.

Y sí, muchos dirán que el Ecuador tiene un seguro de desempleo a través del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). El problema es que se lo ha diseñado como complemento de los pagos de liquidación en lugar de reemplazarlos. Por ende, el seguro no cumple su función natural de reducir el riesgo para el empleador —y para el empleado, también, ojalá se entienda: su liquidación no está garantizada si su empleador quiebra.

Ecuador tiene muchas vías para volverse más competitivo y reactivar su economía. Pero hasta ahora, Alianza País, el partido en el poder, no ha tratado el tema con seriedad. En lugar de aclarar el panorama de inversión, en mayo de 2017 la Asamblea eliminó todos los tratados bilaterales de inversión. Como consecuencia, una empresa extranjera que invierte en Ecuador corre el riesgo de tener que pagar dos veces los impuestos sobre sus ganancias, porque la eliminación de esos tratados eliminaba la prohibición de la doble tributación. Más allá de eso, la eliminación de los acuerdos ahonda la inseguridad jurídica, una siempre presente preocupación de quienes invierten en Ecuador. Con este tipo de cambios legislativos que alteran las reglas de juego de un día a otro, cualquier inversionista sería escéptico de poner su plata en Ecuador.

Al desincentivar la inversión extranjera, el país tiene más que perder que ganar: al ser un país pequeño y complicado, nadie tiene la obligación ni la necesidad de crear empleo aquí, sobre todo cuando nuestros vecinos están determinados en crear las condiciones para el éxito de sus sectores privados. En el mismo informe de competitividad en que Ecuador sale 91 de 138, Colombia está en el puesto 61 y Perú en el 51.

Parte de la recuperación de la economía debe ser el reconocimiento de ciertos dilemas falsos que gobiernan el debate económico: al hablar de seguro de desempleo, se puede proteger los intereses del empleado sin perjudicar a la empresa. De la misma manera, tener un gobierno “socialista” en nombre no significa que no podemos promover el crecimiento económico en el sector privado: Bolivia, por ejemplo, está detrás sólo de Panamá en proyección de crecimiento económico en 2017, y el nombre del partido gobernante es Movimiento Al Socialismo (MAS). De hecho, a través de una buena gestión microeconómica, durante los últimos diez años Bolivia redujo la pobreza y la desigualdad de manera impresionante.

Si Lenín Moreno aprendió algo de los últimos diez años, esperamos que sea que la animosidad en la relación entre el gobierno y el sector privado sólo sirvió para limitar inversión y disuadir la generación de empleo. Ahora es el momento para renovar aquella relación y buscar el equilibrio que permite un crecimiento económico que vaya de la mano con la protección ambiental y los derechos laborales. Nadie sale ganando con una economía estancada durante cuatro años, y no podemos darnos el lujo de aislarnos mientras los países vecinos se posicionan como alternativas atractivas. La conversación arranca de una pregunta: ¿tiene Lenín Moreno una visión económica clara, trazada para los próximos cuatro años? Si el Presidente busca cómo distinguirse de Rafael Correa, un plan económico iluminado, pragmático y amigable podría ser un buen primer paso.