El futuro de la marihuana medicinal en el Ecuador

Esteban Ortiz
• Septiembre 26, 2016 •

¿Legalizar su consumo con fines terapéuticos o despenalizarla completamente?

Fotografía de Katherine Hitt bajo licencia CC BY-NC-ND 2.0

El uso y despenalización de la marihuana para fines medicinales ha sido controversial desde que fue declarada ilegal en Estados Unidos en 1937. El dilema nace, principalmente, en los reportes que señalan que el Tetrahidrocannabinol (THC) y el Cannabidiol (CBD) —dos de los principales compuestos orgánicos del cannabis—  podrían ser una alternativa terapéutica contra el dolor, la náusea y algunas enfermedades crónicas y degenerativas.  Del otro lado están quienes sostienen que el uso medicinal del cannabis genera importantes efectos secundarios, problemas de adicción  y que su uso medicinal es nada más que un fachada para su uso recreacional. Buena parte de estas discusiones no son argumentadas ni refutadas científicamente. En el Ecuador, el debate ha girado alrededor de su uso en enfermedades del sistema nervioso central, especialmente en epilepsia, epilepsia refractaria, depresión o trastornos de sueño. Independientemente del nivel de evidencia médica y recomendación científica para el cannabis terapéutico, su uso medicinal, ancestral, voluntario y regulado debería ser posible en un país que busca protagonismo social. La disyuntiva legal entre el consumo recreacional despenalizado de marihuana, la guerra contra el microtráfico, el vacío legal sobre la siembra y el autocultivo y su uso médico investigativo han hecho que el Ecuador esté a la cola de la despenalización de esta planta. La disputa alrededor de la legalización de la marihuana ha sido discutida en el país, sin embargo un análisis sobre el impacto social, y económico que podría generar su uso medicinal del cannabis muy pocas veces habrá sido abordado.

La corriente más liberal sobre el uso terapéutico de la marihuana exagera los posibles y múltiples beneficios para el ser humano, combatiendo diversos procesos patológicos. Por otro lado, la información más aterrizada está disponible en varias  publicaciones indexadas y publicadas a nivel mundial. Entre los efectos comprobados para recomendar su uso están el tratamiento del dolor crónico y la espasticidad muscular (el aumento o alteración en el tono muscular, muchos pacientes se ponen muy rígidos). Otros estudios demuestran que el CBD, el THC (o su combinación) tienen un muy interesante potencial para contrarrestar la náusea y el vómito, comprobado especialmente en aquellos pacientes con cáncer que reciben quimioterapia. Otros reportes demuestran que los  pacientes con falta de apetito y pérdida constante de peso se han beneficiado del cannabis medicinal, especialmente en aquellos con enfermedades  infecciosas como el VIH

Así como existen efectos positivos, otros reportes demuestran los altibajos del uso constante de THC/CBD, especialmente en pacientes en donde el uso requerido para alcanzar dosis terapéuticas es prolongado. Un estudio liderado por el investigador Xiaoshen Sun publicado en 2015 concluye  que muy pocos pacientes con diagnóstico de glaucoma pueden beneficiarse con el uso de marihuana medicinal. Sin embargo, la gran mayoría requeriría el uso frecuente del cannabis, dando lugar a efectos adversos significativos y hasta una posible progresión hacia el Trastorno por Consumo de Cannabis (CUD).

Si bien la información sobre los pro y contras del cannabis terapéutico son muy interesantes, el debate político, legal y social es más importante en un país donde sus pobladores buscan respuestas al tema.   La Asamblea del Ecuador debate un proyecto de ley sobre el uso terapéutico de la marihuana, el Ecuador —a diferencia de Perú,  Colombia y Uruguay—  prohíbe o deslegitima el uso del cannabis en cualquiera de sus formas. 

Desde una perspectiva más global se puede reprochar al Ecuador esta decisión, más aún conociendo que el país sufre de una alta morbi-mortalidad atribuida a enfermedades y accidentes de tránsito generados por el  consumo de alcohol, socialmente aceptado en todos los estratos sociales: los mismos sectores que se llenan de pudor  al hablar sobre cannabis, una sustancia natural que no ha ocasionado muertes directas o indirectas en el Ecuador.  Se puede ser crítico también al enterarnos que el país gastó más de 11 millones de dólares en morfina y tramadol entre 2006 y 2014, dos potentes analgésicos narcóticos de origen opiáceo, con alto potencial de abuso indiscriminado y dependencia según cifras que reposan en los archivos de la extinta Enfarma EP. En el mismo período, los ecuatorianos hemos gastado casi seis millones de dólares en Ondansetron, un medicamento utilizado para prevenir las náuseas y los vómitos causados ​​por la quimioterapia, la radioterapia o la cirugía, síntomas tratables con dosis bajas de THC y CBD en pacientes seleccionados.   Si bien los gastos parecen alarmantes, está poco despreciable cifra no constituye una prueba del mal uso de estos medicamentos, mas bien es un abrir de ojos para médicos como para pacientes sobre el derecho de contar con una alternativa, especialmente en casos en los cuales los tratamientos específicos  no han podido controlar procesos patológicos como son algunos de los casos de epilepsia refractaria. ¿Por qué prohibir el uso medicinal de una sustancia orgánica, natural, de fácil adquisición y con claros indicios de potencialidad terapéutica?

Desde la práctica médica y personal no recomiendo el consumo recreacional de marihuana, tampoco el de tabaco o alcohol. Sin embargo, cuando los pacientes me dicen que están dispuestos a tomar esta alternativa terapéutica, me veo atado de manos al no poder respaldarlos legalmente, muchas veces las recomendaciones se cristalizan como consejos o lecturas recomendadas. El Ecuador ha tardado mucho en tomar decisiones de este tipo, pero la Asamblea Nacional va por buen camino con su proyecto de ley. Este tipo de propuestas son positivas, disminuyen las tensiones políticas, refrescan el discurso político y renuevan su conexión con la juventud, esperemos que el debate se abra nuevamente y que pronto podamos contar con un marco legal que regule, ampare y proteja a quienes buscamos generar el bien común amparados en preceptos médico-científicos.