El Acuerdo de Paz para los que están afuera

• Julio 25, 2016 •

La historia de dos desplazadas viviendo en el Ecuador demuestra la incertidumbre de los seis millones de personas que salieron de Colombia por el conflicto interno

 

Cuando Cristina, de 21 años, escuchó que Colombia había firmado la paz con las FARC, no se alegró por su país. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) habían estado en conflicto con el gobierno colombiano desde hacía 50 años y para ella ese papel que terminó con el enfrentamiento, no está completo. Desde el Ecuador, donde vive desde hace un año, recordó todos esos dolorosos momentos que pasó en Colombia en los que debió abandonar familia, amigos, su plan de vida y, enseguida pensó: “A este acuerdo le faltan muchos ítems. Este acuerdo mira de arriba para abajo. En este acuerdo persisten las injusticias”. Cristina se refiere a cómo la verticalidad del gobierno dejó de lado la participación de las víctimas del conflicto en el extranjero, y no mejora las condiciones que ellos aún viven: después de doce meses ella todavía no obtiene el reconocimiento de refugio en el Ecuador.

Aunque no tiene el documento que la acredite como refugiada, se siente como una. “Ser refugiado es llegar con una mano adelante y otra atrás. No tener dinero. Llegar desorientado por no saber a dónde ir. Llegar a ver qué hacer para el siguiente día. Resolver dónde pasar la noche”. Cristina huyó de la violencia de su país y su viaje al Ecuador fue una decisión familiar y planificada. La cercanía y la facilidad de ir y volver del Ecuador facilitarían la movilidad de sus padres y sus hermanos (tres niñas y un niño entre 8 a 18 años). Como es la hermana mayor de cinco, primero viajó ella: tomó los ahorros que sus padres le entregaron. Debía ‘abrir camino’, encontrar trabajo, vivienda, y aprovechar los conocimientos y el apoyo generados por las redes de paisanos colombianos. “¿Qué voy a hacer con mis hermanos, con mis padres?”, se angustiaba cuando recién llegó y se dio cuenta que en el Ecuador las cosas no eran fáciles. Tiempo después (las fechas exactas no las quiere revelar), su familia pudo reunirse en Quito: “No era sencillo llegar todos a dormir en una habitación pues la vida de uno anteriormente fue diferente. La salud mental empieza a deteriorarse y a propiciar conflictos.” Su familia que siempre fue unida tuvo que separarse: rentaron más de un lugar para vivir todos en la capital.

El refugio que Cristina y su familia esperan tiene una compleja cadena de actores. El proceso administrativo en el que se revisa el caso individual del solicitante y se lo entrevista, en teoría, debe tardar máximo 90 días. Los casos son revisados por una comisión conformada por dos representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE), un representante del Ministerio de Gobierno, y un representante de Acnur (con voz pero sin voto). Esta comisión reconoce o no si el solicitante requiere protección internacional porque su vida, seguridad o libertad están en peligro. Si es el caso, el Estado ecuatoriano reconoce y garantiza sus derechos de protección y le extiende un carné de identificación con la visa 12-IV que la acredita como refugiada en el país. Esta visa debe ser renovada cada año.

Cristina entregó tarde su solicitud de refugio a la Dirección General de Refugiados del MRE porque no sabía que tenía solo tres meses para hacerlo luego de llegar al Ecuador. Sin embargo, a través de una apelación, sigue intentando que algún resquicio administrativo le permita acceder a algo más que constar en el sistema nacional de registro de refugiados del MRE. De los siete miembros de su familia, solo sus padres y dos hermanos son reconocidos como refugiados, mientras que ella y tres hermanos más, son parte de las personas colombianas con necesidad de protección internacional (PCNPI) que incluye a solicitantes de refugio y a quienes no lo han pedido por desconocimiento, temor o causas similares. Por ahora, Cristina cuenta con un certificado provisional del MRE que la presenta como solicitante de refugio y técnicamente impide que ella sea devuelta a su país de origen.  

Para Cristina la vida en el Ecuador no ha sido sencilla. Cada vez que ha buscado vivienda o un trabajo le repiten “¿usted no es de acá, cierto?” porque su acento la delata. Ahora trabaja en atención al público en un teatro de Quito y como no tiene una identificación oficial que la acredite como refugiada, encuentra más obstáculos para acceder a ofertas de empleo, contar con seguridad social y en un futuro, regularizar su situación migratoria. Recibe su sueldo en efectivo, lo que precariza aún más su situación porque no quedan registros de su contribución a la economía del Ecuador cuando, al mismo tiempo, se da por sentado que los migrantes no son más que carga para el Estado. La decisión de la familia de Cristina, se dio en medio del proceso de diálogo de paz que sucedía en La Habana desde hace cuatro años, quienes al igual que miles de familias decidieron irse por la incertidumbre. Ahora que se firmó la paz, ¿seguirán los colombianos saliendo de su país? El impacto del acuerdo de paz en las solicitudes de refugio es un tema que debería estudiarse por los gobiernos y la academia porque la firma de la paz no termina con las condiciones de vida de los refugiados ni dentro, ni fuera de Colombia.

Hasta hace pocos años, el Estado colombiano negaba que existía un conflicto armado interno. En 2011, el expresidente Álvaro Uribe —en el poder desde el 2002 hasta 2010—, enlistaba al menos diez razones para no hablar de conflicto armado, y referirse a los miembros de las FARC como terroristas vinculados al narcotráfico y así desligitimaba el reconocimiento de las FARC como grupo beligerante. Con la firma de la paz, el Estado colombiano acepta ser el principal agente de violencia y el principal agente para la reparación de las víctimas de la guerra. Las cifras del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) registran 5.712.506 de desplazados forzados, 220 mil muertos producto del conflicto armado interno en el periodo entre 1958 y 2012.

Las víctimas existen, dentro y fuera del Estado colombiano pero solo con el proceso de paz se consideró la participación de las que están en el exterior para hacer efectivo el Acuerdo de Víctimas de 2005, que de todos los instrumentos jurídicos creados para resolver el conflicto interno en Colombia, es el que se enfoca en la reparación, la verdad y la justicia, a la que tienen derecho estas personas. Este Acuerdo pretende establecer una “Jurisdicción especial para la paz” que permita juzgar al Estado colombiano por la violación de los derechos humanos de sus ciudadanos, juzgar a los cuerpos de seguridad cuyos móviles hayan alentado o propiciado el desarrollo de la guerra. En este contexto, en 2014 se realizó el primer Foro Internacional Migración y Exilio y el #MaratónPorLaPaz —paralelamente en catorce ciudades de Europa y siete de América— para recoger propuestas de la llamada “diáspora” o comunidad colombiana y atender los reclamos de las #VictimasEnElExterior, y llevarlas a La Habana, sede del proceso. En los encuentros participaron víctimas del conflicto, expertos, periodistas, cooperantes de proyectos, organizaciones, observadores, y los resultados fueron entregados a la Acnur, PNUD y la Universidad Nacional como un aporte al acuerdo de paz. Los exiliados participaron de diferentes maneras desde el 2014 hasta que se firmó la paz, Cristina, como solicitante de refugio, no recuerda los nombres exactos de las organizaciones que se movilizaron en el Ecuador pero sí que escribió una carta pidiendo una sola cosa: “¡Que haya justicia!”. Lo dice con la voz quebrada pero llena de fuerza. Si hay algo que le han arrancado a los refugiados colombianos es su tierra, no su esperanza.  

Para las víctimas como Cristina, la normativa estatal que por separado se ha generado en Colombia y en el Ecuador para la atención de refugiados, abre panoramas distintos. En el caso colombiano, el gobierno de Juan Manuel Santos ha sido el promotor de nuevos instrumentos jurídicos para hacer efectivo el actual Acuerdo de Paz (Ley de Retorno 1565 de 2012 y Ley de víctimas 1448 de 2011), pero este proceso es parte de una larga historia de acciones políticas y sociales en favor de la paz como: la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), entre 2002 y 2006; la promulgación de Ley 975 (2005) para la reincorporación de miembros de grupos armados que contribuyen a la paz; y el Acuerdo de víctimas (2005).

La necesidades humanitarias de la población civil que huye por la frontera obligó al Estado ecuatoriano a legislar en favor de la población asilada y refugiada a través del Plan Nacional de Política Exterior 2006-2020. A partir del 2007 iniciaron cambios en la gestión de las políticas migratorias cuando el Ecuador reconoció los derechos de asilo y refugio en la reforma constitucional (artículo 41), en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010, en la política en materia de refugio, y la emisión del Reglamento para la aplicación del derecho de refugio con el Decreto 1182 de 2012. La normativa ha sido acompañada por acciones puntuales como el registro de refugiados en el Sistema Nacional que lleva el Ministerio de Relaciones Exteriores desde 2008. Desde el 2000, las solicitudes de refugio en el Ecuador se incrementaron de 709 (1979-1999) a 56.384 en 2008; Acnur estimó para ese año que 135 mil colombianos requerían protección internacional y la solicitarían al Estado ecuatoriano.

En el Ecuador y Colombia ha habido varios intentos para saber el número exacto de refugiados para poder implementar programas y proyectos estatales e internacionales de atención a esta población. En 2007, Acnur levantó una encuesta cuyo resultado evidenció que de 135 mil personas con necesidades de protección, el 25 al 40% radica en la frontera colombo-ecuatoriana. Otras fuente de registro disponibles para víctimas colombianas en el exterior son los datos de organizaciones como Asylum y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Una vez que en Colombia se reglamentó en 2011 la Ley de Víctimas de 2005, se empezó a inscribir a víctimas individuales y colectivas en el Registro Único de Víctimas que hasta el 10 de junio de 2015, registró a 9.000 colombianos en el extranjero. Estados Unidos, Ecuador y Canadá son los principales destinos.

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Pamela, una joven colombiana quien acompaña a Cristina para esta entrevista, se resiste a empadronarse como refugiada porque cree que las estadísticas homogenizan las distintas realidades de las víctimas del conflicto. Pamela no quiere ser un número más. Tiene 24 y hace un año salió forzada de su casa: “Ustedes desde ahora ya no tienen derechos. Aquí son solamente carne.” Es la primera amenaza que recuerda de esta guerra. Su memoria está fragmentada. A ella y a otros jóvenes los sacaron de sus casas, los privaron de la libertad. “No nos dijeron hacia dónde nos trasladaban. Desorientada, Pamela recuerda que en algún momento, los echaron a correr río abajo. “Podría jurar que esa noche se juntaron todos los recuerdos de mi vida. Gritábamos pidiendo auxilio. Gritábamos: –¡Nos van a desaparecer!”. Finalmente, los recluyeron. A los hombres los llevaron a la cárcel La Modelo, y a las mujeres (entre ellas Pamela) a la cárcel El Buen Pastor.

Pamela pasó tres o cuatro meses en reclusión: “En la comida que me servían, encontraba  alcanfor. Dicen que la utilizaba para inhibir el deseo sexual”, dice y recuerda su tiempo recluida.

- ¿Cuál fue tu crimen?, pregunto.

- “Pensar diferente”, responde.

Luego de un proceso en el que sus padres nunca la abandonaron, logró salir de la cárcel y recibió amenazas para ella y sus familiares y allegados. Por eso salió de su país y abandonó todo lo que amaba. “Tuve que vivir sola y escondida hasta que un día mi papá llegó y me dijo: “Empaca ya tus maletas. ‘¡Nos vamos!’. No pude despedirme de mi familia. Eso es lo que me da más rabia porque tú no decides cuándo.”

Antes de partir, Pamela había buscado posibles rutas para cruzar la frontera sin embargo, escogió pasar por el puente internacional Rumichaca, puesto fronterizo que une a las ciudades de Ipiales en Colombia y Tulcán en Ecuador. “La noche en el puente de Rumichaca es un día difícil de recordar. Sentía mucha rabia y tristeza. Crucé sola. Me dormí llorando y recuerdo haber despertado en Ibarra”. Su vida empezaba a cambiar de una forma abrupta. “La primera noche dormí en un hotel. Cada gasto se multiplica por tres al cambio del peso por dólares”. Como todos los que llegan, Pamela se planteó continuar viviendo. “La persona que me renta la habitación no sabe que soy refugiada. Vienes de una sociedad que te excluye a otra en donde desconoces las dinámicas”.

Ya en el Ecuador, solicitó ayuda a ACNUR y al Ministerio de Relaciones Exteriores y aunque sabe que puede acudir al Consulado de su país en Quito, su vivencia tan cercana de la violencia le impide en ocasiones pensar en su gobierno sin recordar los motivos que la alejan de su hogar. “Me siento más protegida por el gobierno ecuatoriano” dice. Ecuador es el país latinoamericano que más refugiados recibe, el Viceministerio de Movilidad Humana dijo, en febrero de 2016, que recibió 233.049 solicitudes y otorgó el estatus de refugiados a 60.253 personas. De esa cifra, el 95% proviene de Colombia, y en menor porcentaje de otros países en guerra como Afganistán, Irak o Siria.

Les pregunto a Pamela y Cristina, ¿qué sintieron cuando escucharon la noticia de la firma de paz? Pamela responde la pregunta con una sonrisa pero Cristina, está preocupada. Las respuestas de ambas refugiadas reflejan la división que persiste en la opinión pública en Colombia, división fomentada por el expresidente Álvaro Uribe y su partido el Centro Democrático. Después del fracaso del ex presidente Andrés Pastrana (1998-2002) por alcanzar un acuerdo de paz, Álvaro Uribe, mientras era presidente, planteó una solución militar al conflicto pero no lo logró en los ocho años de su mandato. Una vez que Juan Manuel Santos se convirtió en presidente de Colombia, sus esfuerzos se direccionaron a la búsqueda de la paz y su principal opositor a esta decisión fue Uribe, quien convocó a “resistencia civil” e inició recolección de firmas para anular el presente acuerdo de paz. Santos fue enfático en  declarar que la respuesta a dicha “resistencia civil” sería la “movilización social a favor de la paz”.

Aunque las cifras que más duelen del conflicto son que el 82% de los asesinatos documentados afectó a la población civil, que las denuncias de desaparecidos desde 1985 suman 25 mil, y los secuestros, 27 mil, se habla menos de los refugiados. Solo en Ecuador hay cerca de seis mil que han sido reconocidos y podrían beneficiarse de la paz por distintos mecanismos como el retorno masivo. Para colombianos como Cristina y Pamela regresar a su país pronto no es viable porque sufrieron directa o indirectamente desaparición, homicidio, persecución. Sus testimonios revelan un sentimiento de culpa por “estar aquí y no allá”. Ellas se encuentra en un limbo histórico, jurídico, personal con una honda sensación de olvido y abandono por parte de su gobierno porque no se ha considerado que no todos los refugiados colombianos residentes en el extranjero quieren regresar a su país. La paz no es solo cuestión de lograr una reconciliación entre víctimas y guerrilla; el Estado ha sido el principal perpetrador de ofensas a los derechos humanos con acciones que omitieron la búsqueda de justicia para sus ciudadanos. ¿Estarán dispuestos los políticos electos en medio de esta guerra a rendir cuentas de sus actos?

Aunque le duele su pasado en Colombia, Pamela dice que en diez años se ve allá, en su tierra. “Tengo una añoranza y es la de volver a Colombia. Los cambios que se están dando, quisiera vivirlos. Veo a Colombia mejorando. La paz abrió puertas que debemos impedir que se cierren. El Estado colombiano debe darles la palabra a los ciudadanos para que aporten en la construcción de un Estado. El reto más grande del acuerdo es hacer cumplir su palabra. Hay un movimiento social que quiere arrancar el Estado de las manos de las élites.” Ella coincide con las aspiraciones de otros colombianos como Alan Jara, director de Unidad para las Víctimas que recientemente en un foro público en Nueva York, demandó la participación de los connacionales víctimas en el exterior. El Acuerdo de Paz es un esfuerzo institucional por construir la memoria del conflicto y de la paz que servirá de modelo para otros procesos de pacificación en conflicto sólo si incluye la participación de todos los actores sociales, dentro y fuera de los límites del Estado colombiano.

En este contexto, también cobra relevancia el papel que el Estado ecuatoriano pueda desempeñar en la atención y la garantía de los refugiados haciendo efectivas las normativas vigentes, pero además exigiendo al gobierno colombiano la atención de sus ciudadanos que según las cifras reportadas por la Cancillería ecuatoriana, suman más de 55 mil refugiados que llegaron entre 1999 y 2013. Las políticas nacionales de Ecuador o Colombia ya no son suficientes, los gobiernos deben reconocer el vivir transnacional de las familias que debido al conflicto enfrentan dinámicas que las obligan a separarse, reunificarse y por lo tanto, a transitar entre Colombia y Ecuador. El pueblo Pasto es un ejemplo de cómo los límites entre Carchi y Nariño casi no importan porque su presencia histórica y cultural se extienden por sobre los límites fronterizos. Los imaginarios alarmistas invisibilizan la potencialidad de esta comunidad  que por largo tiempo han sido estigmatizadas por la violencia y las actividades ilegales. Las fronteras y las comunidades transnacionales integradas en gran parte por refugiados, pueden repensarse como espacios de desarrollo e integración.

El postconflicto trae la necesidad de restituir la garantía de derechos en el Estado colombiano y fortalecer los mecanismos de participación y de diálogo entre gobierno y la sociedad civil. Se empezó un camino hacia una cultura de la paz que empieza con el llamado a las urnas para refrendar el acuerdo por medio de un plebiscito, previsto para dentro de dos o tres meses. Los gobiernos deben facilitar las condiciones para la participación de los refugiados en esta consulta.

La pacificación del conflicto interno colombiano requiere un diálogo regional para sumar acciones que beneficien a los desplazados y refugiados. Una de las grandes limitantes para lograr la reparación de las víctimas en el exterior sigue siendo la aplicación de garantías y derechos únicamente dentro de los límites del Estado-nación, una excusa que se empleó para justificar el abandono de colombianos en el exterior y que ahora puede continuar afectándolos como sujetos de derechos. No lo permitamos. Nuestro compromiso es exigir la garantía de los derechos humanos de todos, cuenten o no con un estatus migratorio de protección.