Ecuador tiene menos pobres (pero aún son demasiados)

Andrés Mideros Mora
• Septiembre 5, 2016 •

¿Cómo se podría evitar volver a los índices del 2006?

Uno de cada cuatro ecuatorianos es pobre. Ya sea porque tiene sed, hambre, vive en la insalubridad (sin alcantarillado, en una casa con materiales inadecuados o hacinados), es vulnerable a riesgos naturales y de salud, no tiene un trabajo que le permita cubrir una canasta básica, ni tiene seguro social. Sus hijos no van a la escuela y están malnutridos. En el Ecuador quienes más viven en estas condiciones son los niños y niñas, los ancianos, los indígenas y afroecuatorianos. La cifra sigue siendo alta, pero todos los indicadores muestran un avance significativo en los últimos diez años.

La pobreza es la negación de derechos, y por ende de la ciudadanía, es generada por estructuras de poder económicas, políticas y culturales. Los pobres no son quienes salen a marchar o contramarchar, porque son los sin voz, los nadie diría Galeano. Erradicarla es un imperativo moral, debe ser la prioridad de las voluntades sociales y políticas. No existe, ni en Ecuador ni en el mundo, una definición única de pobreza. Puede ser analizada desde parámetros subjetivos como la felicidad, las aspiraciones o cualquier percepción que una persona tenga sobre su vida, o desde parámetros objetivos, utilizando indicadores cuantitativos que bien pueden reflejar condiciones coyunturales (como el ingreso o el consumo) o estructurales (como las necesidades básicas y las carencias multidimensionales). Detrás de cada propuesta se puede reflejar una visión particular de qué se entiende por desarrollo, qué causa la pobreza, y cuáles son las medidas para reducirla. En la actualidad el enfoque de mayor aceptación es el de pobreza multidimensional, propuesto por Sabina Alkire y James Foster, y que ahora es parte del primer objetivo de desarrollo sustentable (ODS) de la ONU. 

En Ecuador, la reducción de todos los indicadores no ha sido suerte. Ha sido el resultado de aplicación de políticas públicas específicas: el aumento del salario básico (que a 2016 cubre el 102% del costo de la canasta básica, mientras que en 2006 cubría apenas el 68%) y el impulso a la economía popular y solidaria (EPS) a través de capacitación, asistencia técnica, asociatividad, crédito, preferencia en compras públicas, y acceso a mercados, además de las políticas de transferencias de dinero hacia población pobre o vulnerable, como el Bono de Desarrollo Humano, el bono Joaquín Gallegos Lara, y las pensiones no-contributivas a personas con discapacidad y ancianos. Esto ha tenido resultados claros: la pobreza por consumo aumentó de 39,6% en 1995 a 44,8% en 1998, y después regresó a 38,3% en 2006. Una década perdida. Al comparar entre periodo se observa que entre 1998 y 2006 se redujo en 14,5%, mientras que entre 2006 y 2014 en que pasó de 38,3% a 25,8%, este indicador decreció en 32,6% (más del doble que en el periodo anterior). Los últimos nueve años han sido los de mayor reducción de la pobreza de las últimas dos décadas. 

La pobreza por ingresos (contar con menos de 2,79 dólares diarios para vivir) se redujo en más de 14 puntos porcentuales entre 2006 y 2015: un millón y medio de personas cruzaron ese umbral. En ese mismo período, 1,3 millones de personas salieron de la pobreza por consumo, es decir pueden consumir más de 2,81 dólares diarios. La pobreza por necesidades básicas insatisfechas (NBI) bajó 18,7 puntos porcentuales en diez años: pasó de 51,6% a 32,9% entre 2005 y 2015. Este indicador  combina las condiciones de los hogares como acceso a servicios básicos, calidad de materiales de la vivienda, hacinamiento, asistencia a la escuela y dependencia económica. El porcentaje de personas en pobreza multidimensional —que utiliza 12 indicadores para medir los derechos de educación, trabajo y seguridad social, salud, agua y alimentación, y hábitat, vivienda y ambiente sano— se redujo de 51,5% en 2009 a 35,0% en 2015: 1,9 millones de personas la superaron.

El Sistema de Indicadores Sociales del Ecuador muestra que el acceso a la seguridad social aumentó del 26,3% de la población económicamente activa en 2007 al 44,2% en 2015, e incluyó a sectores donde antes no existía afiliación al IESS: trabajadores remunerados y no remunerados del hogar. Además, se ampliaron las pensiones no-contributivas (las transferencias de dinero financiadas desde el Presupuesto General del Estado) para adultos mayores en pobreza y vulnerabilidad desde el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES). Otros indicadores fundamentales son el aumento de la asistencia a educación general básica (gracias, entre otros factores, a la ampliación de cobertura de la educación pública y acciones complementarias como la entrega de textos y de uniformes), la reducción del déficit habitacional cuantitativo (que bajó 7,8 puntos en seis años), el nivel de desempleo (que ha estado por debajo del 5% desde 2010) y el incremento de acceso a servicios de agua por red pública (que aumentó de 71% en 2005 a 80,4% en 2015) y la red de alcantarillado (que subió de 53% en 2006 a 65% en 2015). Aquí se reflejan cambios estructurales con inversiones que van más allá de infraestructuras, y que aportan a la generación de capacidades e igualdad de oportunidades.

 

La pobreza, sin embargo, aún no se ha erradicado. Y la crisis económica mundial afecta al Ecuador reduciendo su liquidez y actividad económica, y con ello el empleo y los ingresos. De manera particular, en diciembre de 2015 y junio de 2016 hubo un incremento en zonas rurales, donde subió 4,0 y 2,9 puntos porcentuales respectivamente, en comparación con el mismo mes del año anterior (en junio de 2016 habían 178 mil más pobres que en junio de 2015). El IPM no se ha incrementado: en junio de 2015 estaba en 37,3% de la población y en junio de 2016 en 36,1%. Esto refleja que si bien la crisis económica afecta parámetros coyunturales como el ingresos y el consumo (que son cíclicos), no afecta a condiciones estructurales (que se mide por el IPM) y que en términos generales muestra que se tienen mayores capacidades —vinculadas con el acceso a servicios básicos y sociales, medios productivos, seguridad social— que en el pasado. En este escenario de crisis económica se debe revisar cómo se distribuyen sus costos, así como en escenarios económicos positivos la política (y su expresión en política pública) se refleja en prioridades para distribuir y redistribuir beneficios. Evitar retrocesos en reducción de la pobreza estructural (que se mide mediante el IPM) requiere que se mantengan y sostengan servicios sociales de salud, educación, primera infancia, seguridad social, vivienda, agua y saneamiento. Esto debe reflejarse en prioridades concretas dentro del Presupuesto General del Estado.

Frente a la pobreza de ingreso, las prioridades deben estar en ampliar el fomento de la economía popular y solidaria que es donde todavía se encuentra la población más vulnerable. Es a estos sectores a los que se debe dar hoy más que nunca incentivos productivos, acceso a crédito y medios de producción, y prioridad en compras públicas. Recordando además que estos sectores (la mayoría de la población) son los dinamizadores de las economías locales, ya que su consumo se da dentro de su propio territorio.

La mayor tarea pendiente, sin embargo, es erradicar la pobreza extrema por ingresos en el 2017. Los números iban en dirección correcta, pero ahora la tendencia está en alto riesgo de no cumplirse. Para alcanzar esta meta las agendas globales y regionales de desarrollo hacen una apuesta decidida por las transferencias monetarias (condicionadas o no), como los bonos. En el Ecuador tenemos al BDH, y la literatura sobre transferencias monetarias muestra que lejos de generar desincentivos y reducir la disposición a trabajar, ayuda a hogares en pobreza extrema a superar “trampas de pobreza” (poder comer, tener un ingreso seguro para emprender, cubrir costos de transporte para acceder a servicios, e incluso acceso a crédito). En el mundo y en la región los programas de transferencias monetarias se expanden, y la evidencia científica muestra que al complementarse con programas de inclusión económica logran generar condiciones para superar la pobreza. Una pequeña reforma, que permita pasar de una transferencia plana (el BDH es de 50 dólares mensuales al hogar, sin importar el número de personas) a una que considere el número de niños y adolescentes en el hogar (transferencia variable), y un ajuste al instrumento de focalización para garantizar que se llegue a los hogares en pobreza extrema por ingresos, permitiría alcanzar esta meta al 2017. Sin duda, hay un costo: no se debería invertir más del 0,1% del PIB para tener un país sin pobreza extrema. ¿Cuánto se gasta en subsidios a la gasolina, subsidios a pensiones, en incentivos a grandes empresas, en deducciones al impuesto a la renta? Esos valores deberían revisarse, y el destino de los recursos priorizarse.