Caso Tintori: “No hubo discrecionalidad sino arbitrariedad”

Lilian Tintori

El abogado en Derechos Humanos y migración, Javier Arcentales, cree que el origen del problema de la inadmisión de Lilian Tintori al Ecuador, está en la inconstitucionalidad de la Ley de Movilidad Humana. 

La madrugada del 15 de marzo, Lilian Tintori —activista de Derechos Humanos y esposa del líder opositor venezolano Leopoldo López— no pudo entrar al Ecuador. Un funcionario de migración del aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil le retuvo el pasaporte y luego se lo devolvió con un papel que le negaba el ingreso al país porque, según decía el documento “no justifica condición migratoria”. Diez horas después, al mediodía en Quito, el viceministro de Seguridad Interna, Diego Fuentes dijo en una rueda de prensa que los artículos de la Ley de Movilidad Humana que justificaban haber impedido el ingreso de Lilian Tintori al país eran el 137 y 49. El primero menciona la no justificación de la condición migratoria, y el segundo dice que: “Las personas visitantes temporales en el Ecuador no podrán inmiscuirse en asuntos de política interna del Ecuador”. 

A pesar de la breve explicación en la rueda de prensa que no dio espacio a las preguntas, quedaron dudas sobre el debido proceso que se debió seguir antes de inadmitir a Tintori. 

¿Estuvo justificado impedir el ingreso de Lilian Tintori al país? ¿Por qué?

Creo que no estuvo justificado porque en el proceso de inadmisión se aplicó el numeral 5 del artículo 137 de la Ley Orgánica de Movilidad Humana que supone que Lilian no justificó su condición migratoria. El problema de esta ley es que posibilita las arbitrariedades. Y eso es gravísimo. Entonces no hay una justificación clara: no hemos visto un documento en el que se explique por qué se negó el ingreso. No hay una vinculación entre esta decisión y las causales que están previstas en la Ley. Ahí hay un incumplimiento del debido proceso porque no hay una motivación clara al respecto. Aparentemente hay una suposición de que Lilian venía a hacer actos políticos en el Ecuador pero eso no ha sido comprobado con el debido proceso. Si es que realmente aplica este causal de que no justificó su condición migratoria, lo veo muy ambiguo. Esto no solo le ha pasado a Lilian Tintori sino que sucede cotidianamente con otros migrantes que están en el aeropuerto. Ahora este caso ha saltado porque es una figura pública pero también ocurre en otras situaciones de movilidad humana. Entonces, si me preguntas si es que está justificado, no creo porque aún no hay una motivación clara de lo que pasó. 

Según el artículo 138 de la Ley de Movilidad Humana tenía que haber una audiencia; Tintori no estuvo en una. 

Ahí está otro problema de la misma ley porque establece una violación de Derechos Humanos: el artículo anterior, el 137, dice que cuando se apliquen las causas cuatro y cinco, sin necesidad de procedimiento administrativo, se dispondrá de forma inmediata la salida de la persona inadmitida quien tendrá que retornar al país donde se haya embarcado. Es decir, en estas causales cuatro y cinco ni siquiera la ley dice que debería haber procedimiento pero es absurdo. Bajo cualquier decisión del Estado, más aún cuando es migratoria, tiene que haber un procedimiento entonces aquí han optado por acogerse a una de las causales que mayor facilidad les daba para inadmitirla y aplicar bajo cualquier pretexto esta causal. De hecho es bastante dirigido porque se acogen a estas causales que la misma ley dice que no debe haber procedimiento, algo inconstitucional de esta ley. Entonces ese es el aparente razonamiento que tienen las autoridades pero la ley en sí misma está cometiendo una vulneración de derechos porque no le permite a la persona ejercer el derecho a la defensa y a un debido proceso. Ahora, que la ley no mencione el procedimiento no implica que no debe haber justificación, de hecho la misma ley dice que la autoridad de control migratoria será la encargada de la admisión de personas pero con justificación y no hemos visto hasta ahora una resolución en la que se haya aplicado esta causal. 

Ese es el gran vacío de la Ley que tiene grandes inconstitucionalidades como esta que acabamos de ver y precisamente dirigida a permitirle al Estado (en particular a quien esté en el poder), decidir inadmitir a quien no le conviene porque hay otras nacionalidades que han venido a ejercer actos políticos y que no sacaron otro tipo de visas sino que con el mismo tipo de visa lo han hecho. 

Pero en otros países también sucede: no hay audiencia para inmigrantes y son enviados de vuelta inmediatamente... 

Claro, como en Estados Unidos o lo que pasaba en España con los inmigrantes ecuatorianos. Pero siempre que se compara a países en temas de movilidad humana hay que recordar que el marco constitucional que tiene el Ecuador es distinto al de otros estados en función de garantías de movilidad y derechos. No se puede decir que “claro, como en Estados Unidos se hace aquí también se puede hacer”. Pero justamente el reconocimiento en la Constitución del derecho a migrar y la igualdad de derechos de personas nacionales y extranjeras plantean eso: una aplicación de las normativas para movilidad humana donde la gestión no se hace desde el control sino desde ejercer el derecho. Y bajo ese parámetro todas las personas tienen derecho al menos a un debido proceso. Entonces no aplicaría en ese caso ese criterio de que en otros países se hace porque el marco constitucional del Ecuador es completamente distinto al de otros países. 

En el artículo 5 de la misma Ley se habla de la condición migratoria y es un término que el Ministerio del Interior utilizó para justificar el no ingreso de Tintori. ¿Qué es condición migratoria?

En términos amplios, cuando hablamos de movilidad humana, la condición migratoria es cualquier situación de movilidad que se encuentra una persona: si es que está regular, irregular, refugiado, solicitante. Cualquier condición de movilidad humana implica una condición migratoria. El problema es que la Ley Orgánica de Movilidad Humana en el artículo tres numeral uno, hace una definición muy reduccionista: no contempla lo que implica la condición migratoria en términos generales de movilidad humana que es cualquier situación en la que una persona se encuentre no necesariamente relacionado con la legalidad que te da el Estado. La ley la reduce simplemente a una de las categorías de visa que te otorga el Estado y en base a este error y ambigüedad las autoridades disfrazaron este hecho arbitrario frente a Tintori. 

En el caso de Lilian Tintori le piden a ella —en base al proceso de inadmisión que se encuentra en el artículo 137, numeral 5 de la Ley Orgánica de Movilidad Humana— que justifique su condición migratoria y como no lo hace, las autoridades dicen que se la ha inadmitido pero esto es absurdo porque tomando en cuenta los mismos parámetros de la ley no se puede justificar lo de condición migratoria porque primero su condición migratoria —visitante, refugiada, etc.— no ha sido concedida desde el mismo Estado. 

No cabe y no queda claro qué implica esto de justificar la condición migratoria por las ambigüedades que tiene la ley y debido a estos vacíos las autoridades han aprovechado para disfrazar de legalidad este acto arbitrario. Ni la ley está bien respecto a lo que define como condición migratoria y esto propicia que las autoridades adopten estas definiciones terminológicas para disfrazar este caso de Tintori. Independientemente de su afiliación política y condiciones políticas es evidente que hay una falta del debido proceso y la aplicación de una causal que resulta ambigua.

¿Por qué esta Ley es susceptible a tener más de una interpretación? 

Los temas de inadmisión, deportación, cancelación de visados tienen ese problema. La ley está plagada de conceptos ambiguos que posibiliten arbitrariedades y es inconstitucional. Está llena de conceptos que pueden ser utilizados contrarios a los derechos de las personas en movilidad. Por ejemplo, en el tema de inadmisión se incluye que una persona sea considerada una amenaza para el Estado. Y esto es algo que se repite al menos unas cuatro veces en la ley: en el tema de ingreso, de otorgar una visa y de cancelación de la ciudadanía. Ahí queda un margen abierto increíble de qué implica que seas una amenaza para el Estado. ¿Qué es? Que tengas un pensamiento político distinto, que vengas a poner bombas… ¿Qué implica que seas una amenaza para Estado? Además, es tan perverso que te dice “según la información que dispone el Estado” es decir no es que mediante una sentencia que me hayan condenado a mí por un delito sino es mediante la información que dispone el Estado es decir que pueden ver en mi Facebook o cualquier otra cosa y esa es información para justificar. La ley usa estos términos ambiguos que van a posibilitar este trato arbitrario con la gente y que está dirigido justamente a frenar a quien el régimen le moleste. Esta vez fue Lilian Tintori, pero si Manuela Piq quisiera volver seguramente le aplicarán una causa igual. El numeral ocho del artículo 137 dice que si “obstruye la labor de autoridad de control migratorio” también será negada la entrada. Pero no se entiende qué es obstruir la labor. Hay normas que son tan ambiguas que deberían ser más detalladas y pensadas para poder aplicarlas y una de las cosas que pasa en esta ley es que no se ha hecho una revisión técnica jurídica ni siquiera del lenguaje porque hay cosas que son redundantes y se repiten. Técnicamente es una ley que está muy mal elaborada. 

¿Hubo discrecionalidad de los funcionarios en este caso?

No. La discrecionalidad ha sido legal. Cuando hablas en el campo jurídico implica que la ley te da un margen para que la autoridad pueda aplicar. Hay discrecionalidad cuando al juez le dicen que tiene que condenar a alguien de cinco a ocho años entonces el juez penal tiene la discrecionalidad para elegir entre cinco a ocho años. En este caso no hay discrecionalidad sino arbitrariedad porque la arbitrariedad va más allá de lo legal. Es un hecho arbitrario que está disfrazado de legalidad. Este caso es absolutamente arbitrario porque se están inventando cualquier excusa para cometer un acto que es claramente una decisión política. Es un acto arbitrario disfrazado de legalidad.