Justicia: ¿Cómo puede haber paz en una sociedad si no existe división de poderes?

• Mayo 22, 2017 •

El manoseo del poder judicial del país ha dejado decenas de casos en la impunidad y ha logrado que los ciudadanos no confiemos en quienes administran justicia

Un día como hoy, hace más de 195 años, conseguimos lo que décadas enteras habíamos buscado: liberarnos de esa garra opresora, egoísta y sanguinaria que sembró el miedo de quienes creían que el modelo de la corona española y su protectorado era lo que habíamos soñado. Ya en esa época era evidente que el bienestar de tan solo un grupo selecto estaba por sobre el ideal común de construir un nuevo continente, uno en el que se ponga en marcha el revolucionario proyecto que alcance la Independencia hispanoamericana. Casi dos siglos y diez años después seguimos buscando el mismo ideal porque aún tenemos miedo, aún nos callan con abusos de poder y nos dicen cómo pensar. Cada vez con actos menos ocultos y más evidentes nos galantean su poder, nos dejan en claro que somos una masa necesaria para seguir aprovechándose del status en el que sólo algunos reciben cuantiosos beneficios por construir magníficos proyectos que solo están en sus mentes e ideales personales.

Cuando la Justicia es también víctima de frontales ataques y silenciada  en frente de todos como sociedad, como lo ha sido en estos últimos años, y ya ni la repetición de eventos desafortunados sirven de consuelo, es una evidente alerta de que las cosas están mal.

Aunque debería estar claro, parece que en el país hay que recordarlo: la administración de Justicia le corresponde exclusivamente a la función judicial. Por eso se justifica la existencia de Jueces que para mantener la paz de nuestra sociedad deben fallar, resolver y sentenciar en mérito a las pruebas, hechos y derecho pero solo luego de descubrir la verdad. El Consejo de la Judicatura no representa a la Función Judicial sino que es un ente eminentemente administrativo de los recursos financieros, humanos y disciplinarios de la Función Judicial. Pero cuando este órgano —encargado de nombrar a los Jueces, de posesionarlos en sus cargos, de sancionarlos, de destituirlos y también de cancelar sus sueldos— piensa que tiene autoridad para injerir en las decisiones y resoluciones de los jueces, surge un problema de esencia que atenta contra la base de nuestra sociedad.

Y, de nuevo, aunque también esto debería estar claro: los jueces resuelven los casos puestos en su conocimiento —producto del conflicto que surge entre partes procesales— y los administradores se encargan de que los jueces tengan suficiente papel —sea para imprimir sus fallos o para que puedan ir al baño. Nada más. En el Ecuador es tan evidente la confusión de roles que las salas de audiencias tienen un logo del Consejo de la Judicatura, cuando esta institución solo administra la función judicial. Con este gesto ha querido trascender adoptando una notoriedad que no le corresponde y le da a la sociedad la idea de que el Consejo de la Judicatura está a la cabeza de la Función Judicial (y no lo está).

Ejercer la profesión de abogado, constituirse en un usuario del sistema observando los abusos de quien tiene el poder de su lado, es decepcionante, alarmante y frustrante. Nunca antes un órgano administrativo había tenido tanta injerencia en esparcir el pánico en los representantes judiciales. Así como tampoco nunca antes un Presidente daba órdenes u opinaba de una función que no le corresponde creyéndose presidente de todos los poderes del Estado.

Parecería innecesario decir que la transparencia e independencia judicial no solo debe aplicarse a casos sonados o mediatizados. Pero no está de más recordar que cada caso es especial para su actor y como tal, el trato del Juez debe ser en principio igual.

Pero ¿cómo y por qué hemos llegado a este límite en el que los jueces sienten que tienen que obedecer? Por el mal ejemplo que se ha dado desde lo más alto del poder. El discurso de meritocracia de la Revolución Ciudadana sabemos que fue, es y será una mentira. La separación de poderes es también una falacia dicha. Su mal ejemplo ha dado la pauta a todos sus subalternos para que hagan uso de un mal ostentado poder: hay un brazo ejecutor de los designios del ejecutivo, de sus caprichos, de su falta de juicio. Un sistema de lecciones en donde la obediencia se premia y el desagravio se castiga. Ya lo vimos en el caso de la Narcovalija, El Gran Hermano, El Universo, la demanda en contra del Consejo de Disciplina, el Capitán Ortega, Fernando Villavicencio, La Hora, Banco Pichincha y otros más.

Es fácil alegar y procesar por error inexcusable. Así siembran terror en el que hace las de juzgador. Se lo amenaza, se lo sanciona y se lo destituye. Llega el fin de mes y ¿cómo contribuye a su casa? El Estado tiene a su lado al Fiscal, al Contralor y a la Corte Constitucional. Frontalmente ya es toda la Función Judicial: ¿qué se puede esperar con los casos de Pedro Delgado, Capaya, Odebretch, Caminosca y Petroecuador? Si los principales sospechosos están fuera, los eventuales investigados apuntan el revólver del sistema a todo aquél que siquiera lo sugiera. Mientras, la Fiscalía y la Contraloría olvidan sus atribuciones legales. Basta con que haya investigaciones formales y elementos de convicción en otros países para que todo un aparato judicial se active e investigue. No es admisible que aún con denuncias formales presentadas por colectivos sociales imparciales no se haya siquiera solicitado al Juez de Garantías Penales, orden de detención por 24 horas con fines investigativos. Es legal, es legítimo. Pero a nadie se le ocurrió. ¿Por qué?

Es cierto, sin embargo, que en estos diez años de Rafael Correa han entrado en vigencia nuevas leyes y reformas que han producido cambios que han evolucionado la práctica del ejercicio de la profesión de abogado. Con el Código Orgánico General de Procesos pasamos de lo escrito a lo oral en todas las materias además de la penal, en donde se puede hacer de los juicios algo vivencial. Se inauguraron modernos complejos judiciales que empoderan a quienes hacemos del litigio una verdadera práctica diaria. Pero no sirve de nada ostentarlo si al final del día es como tener un avión último modelo pero sin una pista adecuada dónde aterrizarlo. Una muestra de esta desazón es el caso de Carolina Herrera quien estuvo detenida más de 100 días por otro abuso de poder: ella era analista de sistemas del Consejo Nacional de la Judicatura y por orden de un superior firmó un acta de entrega recepción de un producto informático que era parte de un contrato suscrito en estado de emergencia entre una empresa y el Consejo. Como el Consejo había cambiado de directivos y los nuevos no quería continuar con ese contrato (y ni siquiera pagar el saldo que le debían a la misma) denunciaron a Carolina para desviar la atención del verdadero problema. Sí, el Consejo de la Judicatura se constituyó como acusador particular y por ende como parte procesal. Eso es un absurdo cuando el artículo 237 de la Constitución dispone que quien representa al Estado en los juicios es la Procuraduría General, nadie más. ¿Podía esperarse independencia y transparencia de los jueces que elaboraron la sentencia y de los órganos que en instancias superiores la revisarían? No. Menos del Juez ponente de la Corte Provincial y además presidente subrogante en ese entonces de Gustavo Jalkh —presidente del Consejo de la Judicatura. Este Juez ratificó finalmente la culpabilidad de Carolina: la condenó a seis años de prisión, siendo la acusada el único sustento de su familia y con un padre que padece aflicciones del corazón. Jamás en el juicio se probó su culpabilidad, palpable la duda razonable y por eso la presunción de inocencia jamás se llegó a destruir. Pero para ellos era culpable. ¿Podía perder el caso el Consejo de la Judicatura habiéndose constituido en Acusador Particular? Sumado a esto un dato adicional, los Fiscales que conocieron del caso Miguel Jurado y Ana María Crespo, y el Juez Marco Maldonado que ratificó condena en la Corte Provincial, dieron un rápido salto en su carrera luego de procesar a Carolina: hoy por hoy son jueces de la Corte Nacional.

Otra muestra de esta falta de transparencia en la justicia es el caso de Karina del Pozo, quien fue violada y asesinada por unos tipos alcoholizados, a quien luego del operativo de búsqueda encontraron sin vida en medio de una quebrada. Lo informó de manera personal el Ministro José Serrano en su red social. ¿El Ministerio del Interior forma parte de la Función Judicial? No. El caso estaba en fase investigativa y como tal era reservado. No era ni su competencia ni tampoco su obligación informarlo. El show mediático estaba montado y también el momento preciso para impulsar una reforma en la Asamblea Nacional: nació a la vida la figura del Femicidio. Con la mediatización del caso y un Ministro del Interior tuiteando, sin ser parte procesal, se perdió objetividad en el caso. Para la sociedad, para los medios e incluso para otras autoridades no judiciales era claro que el principal responsable era el luchador de artes marciales, David Piña. Sin embargo, la sangre de Piña no se encontró en la escena del crimen ni en el asiento de atrás del vehículo donde él estuvo sentado. Pero sí encontraron sangre de la víctima en la parte delantera donde se sentaron los verdaderos agresores: Salazar y Sevilla. En este caso tampoco se tomaron en cuenta los análisis de rasgos psicológicos, testimonios, pericias y así, sin mayor ejercicio mental ni valoración de las pruebas en la sentencia se declaró a los tres culpables. Todos autores materiales y sin individualización de responsabilidad: 25 años a cada uno por igual.

Otro caso, quizás el peor, es el de “Lucas”, un niño de 5 años, que fue sometido por su profesor del colegio y forzado a practicarle sexo oral. Luego de un tortuoso proceso en el que el acusado usó sus amistades con altos funcionarios del ejecutivo y legislativo, asambleístas y la esposa del ejecutivo, consiguió que un Juez de primer nivel, de dudosa reputación, le sobresea oralmente y lo deje en libertad. El juez no pensó jamás en la víctima. En el juicio se descubrió la verdad: el Tribunal Penal lo declaró culpable y de manera unánime le dieron 22 años de cárcel. El acusado apeló al órgano superior y agregó a su defensa al abogado personal de Rafael Correa, que al representarlo no ha perdido ni un caso, por obvias razones. Con artimañas y argucias se difirió la audiencia. Recusaciones, mentiras, ilegalidades y abusos de poder, de todo se han valido para dilatar el proceso hasta que las aguas y la indignación popular se calmen. El lunes 22 de mayo de 2017 se resolvió la recusación de dos de las juezas. El voto de mayoría fue obviar el pronunciamiento anterior de la misma Corte por el que ya habían negando excusas previas. No había razón legal para que ellas dejen de resolver la apelación. Pero con esta nueva decisión, se deberá prestar especial atención para conocer cuáles son los nuevos Jueces que saldrán sorteados.

Casos que demuestran el manoseo de la justicia sobran… Como el caso de Hugo, un joven que es empujado por su esposa al borde del cañón del Chiche. Ella lo denuncia como desaparecido pero luego de dos días lo encuentran 300 metros abajo, sin vida y con una herida contusa en la cabeza. La esposa, una funcionaria de la “Ciudad del Conocimiento” con acceso a ministros, jueces y fiscales, “consigue” separar a la fiscal que estaba a cargo de la investigación, quien encontró suficiente evidencia para acusarla y demostrar su responsabilidad en el presunto asesinato. Dentro del proceso investigativo hay incluso grabaciones de conversaciones que mantuvo con su tía paterna anticipando que quitarían de en medio a la fiscal que estaba investigando diligentemente el caso. La intención era darle pasar el expediente a otro Fiscal, uno que no la acuse y la deje en libertad. No fue coincidencia que el caso llegue al despacho del funcionario cuyo escritorio quedaba un piso debajo del Fiscal General 10 días antes de la audiencia preparatoria a juicio. Obvio, se abstuvo de acusarla. Ahora la presunta asesina está libre y cumpliendo medidas cautelares. Pero sus hazañas y dilaciones le explotaron en la cara. Cuando el caso llegó a conocimiento del Juez, en base a la evidencias, la llamó para que enfrente cargos en una audiencia de juzgamiento. El caso se resolverá el 20 de junio de este 2017 por un Tribunal de Garantías Penales, en donde peritos y testigos aportarán para que se conozca la verdad de los hechos.

En el Ecuador de hoy tampoco hay manera de denunciar la corrupción sin atenerse a las consecuencias. Un grupo de hombres y mujeres probos y con seria trayectoria profesional, social y política, cumplieron su obligación legal de denunciar actos de corrupción estatal en la Refinería del Pacífico. Denunciaron un negociado inmenso y los pagos ilícitos más que evidentes. No guardaron silencio y por eso fueron llevados a juicio. Entre los acusados está Isabel Robalino, una mujer de 99 años que fue la primera senadora de la República, abogada y dama que en silla de ruedas escuchó atenta las acusaciones esgrimidas en su contra. También está Julio César Trujillo, profesor universitario de 86 años, que ha luchado del lado de los más necesitados, como por ejemplo por los derechos colectivos sociales en lo laboral y constitucional. Hoy aboga por la naturaleza y por los jóvenes de Yasunidos. La jueza los declaró culpables a Robalino, Trujillo y otros, y su condena fue la de un año de privación de libertad y también pagar el sueldo de quien sí estaba obligado por ley a investigar en su calidad de Contralor General, Carlos Pólit. Fue irrelevante la decisión posterior de Pólit quien siempre tuvo la intención de llevarlos a juicio, jamás de arreglar. Durante la audiencia de juicio tuvo la oportunidad de conciliar, pero no lo hizo. Una vez dictada la sentencia en la que se señalaba una condena, optó ahí sí por perdonar. Una franca señal de quién realmente administra el poder en concordancia con su antojadiza verdad.

Todos estos acontecimientos proyectan una mínima visión de lo que implica para este gobierno “hacer de la Justicia una práctica diaria”. Una en la que interfieren todos los actores que tienen protervas y macabras intenciones. Pero la aplicación del bien intangible Justicia no puede ser de práctica común y ordinaria. Tanta informalidad la hace perder fuerza y contamina su esencia. Invocar a la Justicia es casi un acto celestial porque a través de ella se pretende alcanzar la tan anhelada paz social. Si los fallos y decisiones judiciales están supeditados a las órdenes de un ajeno, que nada ha actuado, que nada conoce, entonces simplemente no existe Justicia. Hay por el contrario, disposiciones unilaterales que esbozan un remedo de formalidad. Insostenibles, inexigibles, irreales.

La verdadera revolución de la justicia es captar su trascendencia y respetar su sagrada aplicación, forjar abogados con una visión común, porque son ellos los que mañana serán Jueces, Fiscales y actores de la Función Judicial; mejorar y homologar la buena práctica procesal oral para que las luchas en los tribunales y juzgados entre profesionales sean igualitarios, éticos y leales; que sea sencillo para el juzgador resolver en libertad. Hay que perseguir una sana y transparente práctica profesional, sin favoritismos personales a ninguno de los sujetos procesales. Que de plano se niegue el pretendido acceso a cualquier ajeno que interfiera, con complejos de majestad o ínfulas de superioridad. Que se traben definitivamente órdenes o sugerencias de cualquier tipo, de plano los consejos porque no son bienvenidos. Eso necesitamos.

Solo cuando sea clara la separación de funciones de todas las instituciones estatales, pero sobre todo en el ámbito de la función judicial, volveremos a confiar en esa dama de ojos vendados y con balanza en mano. Sin ella simplemente no se puede exigir a la sociedad vivir en paz o tener la esperanza de que las cosas algún día van a cambiar. Sin Justicia, estamos sentados en una bomba de tiempo camino de la anarquía. Que los que llegan lo entiendan, lo asimilen y cambien las cosas por nuestro bienestar.