Derechos Colectivos: la invisibilización y el abuso sobre el territorio y su población

Los proyectos extractivistas, agroindustriales y de infraestructuras han sido los ejes de la política territorial del Estado en los últimos diez años. Los derechos colectivos, reconocidos en la Constitución de 2008, han sido sistemáticamente vulnerados

Foto de Pablo Cozzaglio

Cuando se aprobó la Constitución del 2008, el reconocimiento del Ecuador como un estado de derechos, plurinacional e intercultural, donde se reconoce a la naturaleza como sujeto de derechos, se garantizan también los derechos colectivos y a la resistencia, se crearon expectativas importantes de cambio, ya que eran (son) temas que abrían una ventana de oportunidades para transformar relaciones inequitativas e injustas con nacionalidades y pueblos indígenas, afro, montubios, con población campesina, y se abría la posibilidad de cambiar una relación depredadora de la sociedad con la naturaleza. Sin embargo las expectativas duraron poco ya que las reformas al marco legal implicaron algunos cambios al sistema, pero no lograron transformar la realidad y menos aún crear relaciones justas.

La aplicación de las políticas públicas durante la década de la Revolución Ciudadana ha dejado sus huellas sobre el territorio y sobre las personas que lo habitamos, especialmente si nos centramos en temas de Derechos Colectivos y Ambiente. Esas huellas evidencian un ejercicio violento sobre la naturaleza y las personas, marcando una década de relaciones tensas y conflictivas.

Cuando hablamos de territorio nos referimos a, como lo explica el Colectivo de Geografía Crítica, la “dinámica expresión espacial de las relaciones de poder y a la territorialidad como la forma en la que cada uno de los actores presentes en el territorio logran (logramos) apropiarnos de ese territorio para transformarlo y controlarlo porque es nuestro espacio de producción y reproducción de la vida”.

Tras 10 años de ejercicio del poder, el gobierno de Rafael Correa logró instalar y adaptar toda una institucionalidad pública para el ejercicio de su gobierno, así consolidó el papel del Estado como único actor legítimo y capaz de planificar y ordenar el territorio. Esta lógica, si bien permite coordinar el ejercicio de un gobierno, tiene por detrás una visión jerárquica y homogeneizadora del espacio, que niega o invisibiliza cualquier otra forma de territorialidad para producir espacios de vida. Estas son algunas de esas huellas.

La huella de la matriz productiva

Uno de los temas clave en la gestión del gobierno de Correa ha sido la transformación de la matriz productiva que se enfocó en promover productos como el cacao, arroz, maíz duro, caña de azúcar y palma africana. Analizando los cambios en el uso del tierra, entre 2008 y 2014 es evidente que la superficie para producción de monocultivos, cultivos permanentes y semipermanentes, en su mayoría para agroexportación, se han expandido a lo largo de la costa y la amazonía norte, hecho que desplazó la frontera agrícola hacia el pie de monte de la cordillera de los Andes, e incrementó la presión hacia áreas vegetación natural remanente, pero produjo también una reducción dramática de las zonas para la producción familiar campesina en el país, que cartográficamente están contenidas dentro de lo que el MAGAP denomina “mosaico agrario”. La apertura y ampliación de vías, eje de la revolución ciudadana, ha favorecido de manera especial a los proyectos de agroexportación y ha dejado a la pequeña y mediana producción agropecuaria del país con menores posibilidades de sostener la base material para la soberanía alimentaria. En este contexto, dedicar unos metros cuadrados de tierra para producir bajo una lógica familiar campesina es un acto de verdades resistencia y compromiso.

Esta consolidación del eje agroindustrial y desplazamiento de la producción familiar campesina, sumado al veto presidencial a la Ley de Semillas —que posibilita la entrada de semillas transgénicas al Ecuador con fines de investigación— implica un grave retroceso en el derecho a la alimentación, que en su perspectiva amplia debería proteger las semillas y todos los conocimientos alrededor de este patrimonio, proteger los ecosistemas, garantizar la soberanía alimentaria y la salud colectiva.

 

La huella de la matriz energética en el territorio

Otro tema ícono en la gestión del gobierno de Rafael Correa fue la transformación de la matriz energética, que prometía salir de la dependencia del petróleo para apostarle a nuevas energías, como la hidroeléctrica. El cambio a una economía no petrolera estuvo atado a la necesidad de fondos para sostener el gasto público y cumplir con la oferta de mejorar el acceso a servicios básicos e infraestructura. La búsqueda de nuevas opciones para diversificar los ingresos económicos condujo a la profundización del modelo extractivo; y con la aprobación de la Ley Minera, entramos en una era de minería a cielo abierto que jamás ha experimentado el Ecuador. Siendo un país megadiverso y plurinacional, los impactos de la minería son más graves. La creación del distrito minero al sur del país, y la definición de los proyectos estratégicos abrieron una veta de creciente de conflictividad y destrucción.

Nuevamente, la visión jerárquica de imposición de proyectos estratégicos ha desatado en zonas como Tundayme, Kimsacocha, Intag, Pacto, Nankints unos niveles de tensión y confrontación muy altos, y el principal mecanismo de acción desde el gobierno ha sido la criminalización de la lucha social, bajo la figura de terrorismo y sabotaje. El discurso oficial ha recurrido también a la idea del bien nacional para justificar la existencia de poblaciones y territorios de sacrificio.

La forma de operar de las empresas mineras, todavía en fase de exploración, ya ha vulnerados varios derechos, entre ellos el derecho a la consulta y consentimiento previo, libre e informado, derechos a la libre organización, derecho a un medio ambiente sano y libre de contaminación, y todo el marco que sobre derechos colectivos y territoriales que  reconoce la constitución ecuatoriana cuando hablamos de pueblos y nacionalidades.

El análisis del Incumplimiento del Mandato Minero en los proyectos del sur del Ecuador, realizado por la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, CEDHU, publicado en el 2016, expresa que: “A las empresas a cargo de los proyectos Mirador, Fruta del Norte, Río Blanco, Loma Larga y Panantza-San Carlos se les debieron revertir las concesiones sin compensación económica alguna por estar inmersas en varias causales de extinción de dichos derechos, previstas en el Mandato Minero, tal como lo advirtiera la propia Defensoría del Pueblo, en diciembre de 2009, y lo confirmara la Controlaría General del Estado en 2013, respecto de los proyectos Mirador y Panantza- San Carlos; en especial por no haber garantizado el ejercicio del derecho colectivo a la consulta previa, libre e informada; por traslapar con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, bosques protectores y con fuentes y nacimientos de agua; y, por poseer más de tres concesiones, acaparar y especular con la tierra”.

Para mantener la reflexión basada en las huellas en el territorio, podemos observar el mapa de las transformaciones territoriales en Tundayme, provincia de Zamora Chinchipe, y que está dentro del área concesionada para la minería en el Proyecto Minero Mirador.

El mapa revela que las estrategias de despojo son sistemáticas y el ejercicio de múltiples formas de violencia es la ruta de entrada: compra de tierras, desplazamiento, ampliación de la vía, la destrucción de referentes espaciales como la escuela o la iglesia, división de la organización local, derribo de casas, incluso el el asesinato a líderes ha sido la forma en que el proyecto minero logra imponer su territorialidad por encima de una territorialidad que tenía la población de Tundayme antes de su llegada.

Y si de huellas sobre el territorio hablamos, la violencia con la que este tipo de proyectos se impone, se filtra, atraviesa y deja huellas también sobre los cuerpos de hombres y mujeres que habitan esos territorios concretos. Por ejemplo, la llegada de decenas y hasta cientos de hombres, trabajadores sin sus familias, altera la dinámica de la población, y si bien se dice que eso dinamiza la economía local, esa migración laboral genera también violencia sobre las mujeres. Testimonios de las familias describen que ya no es posible que las mujeres circulen libremente ya que el acoso al que son expuestas es muy alarmante, es decir, el ejercicio de la territorialidad se ve afectado y se impone otra lógica de uso del espacio. Con este ejemplo no se quiere decir que no exista previamente violencia sobre las mujeres, pero la presencia de estos proyectos hace que la violencia crezca de manera exponencial. El ordenamiento territorial y desarrollo territorial expresado a través de los proyectos estratégicos mineros, al momento de asentarse sobre lugares concretos (des)ordena de manera violenta lo que había.

La huella en territorio Waorani y de los Pueblos en Aislamiento

Otra huella sobre el territorio es la que deja la explotación petrolera, sobre todo en el bloque 43, en el Parque Nacional Yasuní y el territorio Waorani. La historia de saqueo y abandono que ha marcado los distintos momentos de intervención en la amazonía se imprime también en la vida de las nacionalidades amazónicas y la población colona que se ahí se asienta, quienes han debido resistir, enfrentar o someterse a una dinámica de permanente acoso territorial.

Ya no son los relacionadores comunitarios de las empresas los que operan en territorio, sino los técnicos de Ecuador Estratégico, o los funcionarios de ministerios del Ambiente, Secretaría de la Política, Ministerio de Justicia, ECORAE quienes intermedian en la relación entre el Estado y la población. Sin embargo, las estrategias de relacionamiento han cambiado poco, y las ofertas de desarrollo a cambio de permitir la explotación siguen basándose en una perspectiva clientelar,  urbana, de apertura de vías, y provisión de servicios básicos; para planificar el desarrollo no cabe otra forma de entender la relación entre la sociedad y la naturaleza que no sea la visión utilitaria de los recursos.. No cabe una cosmovisión que combine los sueños y la realidad, peor aún que reconozca el carácter espiritual de la naturaleza. En ese diálogo, la colonización del otro sigue siendo la estrategia de entrada, lo cual hace inviable la construcción del estado plurinacional.

Los mapas revelan una huella dejada por la colonización que se ha extendido y profundizado en las últimas décadas sobre los espacios de vida de los Waorani, Tagaeri y Taromenane, pueblos que han vivido el embate de la expansión petrolera hacia la Amazonía norte y centro del Ecuador.

Durante los años 80 y 90 la asignación de nuevos bloques en territorio el Waorani llevó a la profundización de este modelo de colonización, en el que la apertura de nuevas vías petroleras cataliza la militarización y localización de campamentos asociados a la explotación petrolera y una colonización agraria tanto desde la Costa y la Sierra de Ecuador, como desde otros lugares de la Amazonía protagonizada por grupos Kichwa y Shuar.

En la última década de la Revolución Ciudadana se han puesto nuevos bloques en operación, como el 12, 43 y el 31, y se ha profundizado la explotación petrolera de los bloques 14 y 17, concedidos a empresa chinas, o los bloques al sur del territorio Waorani. Este proceso continuo de (des)ordenamiento del territorio indígena lleva a la ruptura de las formas de ocupación y relación con el espacio-geográfico..

Los pueblos afectados por el (des)ordenamiento petrolero no son agentes pasivos que simplemente son desplazados. La respuesta por parte de algunos clanes Waorani fue sedentarizarse a lo largo de su territorio, y tratar de titularlo bajo propiedad colectiva. Otros grupos como los Tagaeri escaparon de la colonización adentrándose en la selva, y quienes han logrado mantenerse fuera de contacto, han seguido demostrando el ejercicio y la defensa de su territorialidad. El proceso de titularización del territorio Waorani fue incompleto, y resultó de un proceso jerárquico de toma de decisiones sobre el territorio. Así, el primer territorio reconocido a la población Waorani fue, paradójicamente, el territorio del protectorado del ILV en los años 70, ridículo reconocimiento respecto a la extensión del territorio ancestral. Posteriormente, son legalizadas sucesivas ampliaciones, hasta llegar en los años 90, bajo el amparo del marco internacional de reconocimiento de los derechos colectivos, a reconocerse un título más amplio, que limitó el ejercicio de la territorialidad indígena y cedió espacio a la implantación de las actividades extractivas y a la creación de áreas protegidas como el Parque Nacional Yasuní.

En el mapa que fuera entregado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (https://www.youtube.com/watch?v=LEdxuoxc0Sg&feature=youtu.be), se muestra cómo el conflicto territorial que viven los pueblos aislados se centra en la parte noroccidental de la Zona Intangible Tagaeri Taromenane (ZITT), fuera de la misma, en el área de expansión petrolera de los bloques Armadillo, 14 y 17, sin que se haya desplegado sobre el territorio una forma efectiva de protección de estos pueblos.

La territorialidad del capital avanza en forma de expansión de la frontera petrolera, las protección a la naturaleza está subordinada respecto al petróleo pero jerarquizada respecto al ejercicio de territorialidad waorani; y la limitación de la ZITT por las actividades petroleras hace que el peligro que viven estos pueblos aislados sea máximo, dado que las vías han generado un proceso agresivo de colonización.

 

Este contexto de complejidad territorial donde hay tensión, disputa y despojo no es nuevo ni exclusivo para esta área. En Ecuador se han incrementado, en la última década, los conflictos territoriales, donde el Estado juega un papel muy activo para garantizar los megaproyectos del capital con una actuación violenta hacia los pueblos. El Colectivo de Geografía Crítica ha documentado 25 lugares de conflictos territoriales con distintos niveles de violencia aplicada por el Estado, esta violencia se intensifica en la Amazonía, especialmente con población indígena.

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La huella en el territorio nacional

La crisis económica que atraviesa el Ecuador amenaza con recrudecer las condiciones arbitrarias de implantación de los proyectos estratégicos del Estado. Los desalojos y la violencia en comunidades donde se planifican los enclaves mineros y petroleros aumentan, mientras que las empresas y autoridades que los llevan a cabo concentran el descontento de una población que siente sobre sus cuerpos, de forma más clara cómo las promesas del desarrollo y de garantía de derechos fueron efímeras.

Representar al espacio como la expresión espacial de las relaciones de poder pasa por entender la dimensión geográfica de las disputas de pueblos, comunidades, colectivos, barrios, trabajadoras y ciudadanos por ser partícipes en la producción del espacio en que vivimos pasa por mostrar los conflictos entre quienes lo ven como lugar de explotación-extracción y quienes lo defendemos como lugares de vida plena.

Las huellas que estos 10 años dejan sobre el territorio y sobre las personas que lo habitamos muestran un retroceso en las posibilidades de construir un espacio donde múltiples formas de territorialidad convivan. En toda América Latina se vive un momento de retroceso en el ejercicio de los derechos colectivos: cada año aumenta la cifra de defensores de la naturaleza que han sido asesinados, incrementa la superficie de territorios concesionados, de grandes extensiones de tierras vendidas a multinacionales. Los procesos de consulta previa, libre e informada (cuando hay) se reducen a procesos burocráticos. Cada vez son más los territorios de sacrificio para el “beneficio de todos”, sin entender que son esos territorios gestionados de manera colectiva donde está principal valor que nos permitirá enfrentar los nuevos desafíos de la humanidad por defender la posibilidad de construir nuestros territorios de vida, territorios de esperanza.